| Las empresas eléctricas en España |
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| Escrito por Juan Viera Benítez | |
| Martes, 31 de Enero de 2012 21:37 | |
 El sector público en nuestro país nace en 1941 con la
creación del Instituto Nacional de Industria (INI); no obstante,
durante la dictadura de Primo de Rivera existen ya algunas empresas
públicas. El marco en el que funcionaba la economía española durante la
dictadura franquista, era de un fuerte proteccionismo y escasa
competencia, en estas condiciones el sector público empresarial cuya
actividad se extendía a la siderurgia, a lo naval (astilleros), a las
telecomunicaciones y a la energía se desenvolvía relativamente bien.El INI fue uno de los ejes en los que se apoyó la política autárquica durante la dictadura, si bien como consecuencia de las crisis para paliar sus efectos derivó más hacia un comportamiento de hospital de empresas. Antes de la crisis del petróleo del año 73, todas las empresas de energía buscaban un tamaño suficiente para abordar sus proyectos de inversión en las mejores condiciones posibles. Muchas de las empresas gasistas, eléctricas y petroleras de esta época eran de propiedad pública y casi todas configuraban unos sectores energéticos de ámbito nacional, con estructura monopolística u oligopolística. En esta época los gobiernos regulaban su funcionamiento mediante el establecimiento de tarifas. El nivel de las tarifas se fijaba con criterios políticos, debía mantener un adecuado equilibrio entre los intereses de los consumidores y el de los accionistas. Las crisis del petróleo de finales de los 70 y principio de los 80 condujo a la liberalización de los precios del petróleo y a la consolidación de la Organización de los Países Productores de Petróleo(OPEP) como “cártel de oferta” en una economía global. El coste de la energía pasó a ser una prioridad en la agenda política, surgiendo como respuesta nuevas formas de regulación más preocupadas por los incentivos a la eficiencia que por la estricta cobertura de los costes incurridos. Esta nueva forma de regulación, consistía en un mecanismo de control de precios que incentivaba la eficiencia de las empresas con el objetivo último de minimizar el precio de la energía para los consumidores finales. A finales de los 80, comenzaron los procesos de liberalización del sector eléctrico en Europa. El Reino Unido, al privatizar el sector eléctrico fragmentó las empresas que eran públicas para alcanzar, ya desde el primer momento de la liberalización, una estructura del mercado de generación que se consideraba más adecuada para fomentar la rivalidad entre empresas y posibilitar el buen funcionamiento del mercado. Por su parte, los países nórdicos contaban con una estructura muy descentralizada, donde gran parte de la producción provenía de centrales hidráulicas de tamaño pequeño y mediano y propietarios diferentes. En nuestro país la incorporación a la Comunidad Económica Europea impulsó un proceso de liberalización económica con el fin de lograr una mayor competencia en los mercados de producción. En este contexto, los sucesivos gobiernos asumieron desde esta fecha un proceso de privatización de los tres grupos públicos empresariales existentes en España: Instituto Nacional de Industria (INI), Patrimonio e Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH). Hay que destacar que en la primera etapa del proceso de privatizaciones bajo gobiernos del partido socialista, de 1985 a 1992, se procede más que a las privatizaciones en sí a una reestructuración de todo el sector público empresarial español. El proceso de privatización se concentró, especialmente, en las empresas de producción de bienes y servicios. Comenzó en 1985 aunque su intensidad se acrecienta a partir de 1992, para alcanzar su grado máximo entre 1997 y 2000. Como ya hemos indicado en la primera fase del proceso que tiene lugar entre 1985-1992 se reorganizaron sectores productivos enteros, fusionando numerosas empresas, con el objetivo político explícito de constituir empresas o grupos sectoriales dinámicos y competitivos a escala internacional, sobre todo en aluminio, siderurgia, industrias agro-alimentarias, petróleo, banca, electrónica y electricidad. La idea del gobierno era que tales grupos empresariales continuasen como Empresas Públicas y aportasen financiación al presupuesto estatal. En el caso de las eléctricas las acciones de todas ellas fueron adscritas al patrimonio de la más importante, ENDESA, pasando ésta a ocupar una posición de dominio en el sector eléctrico español. Algo parecido se llevó a cabo con los diferentes bancos públicos que fueron fusionados en una nueva sociedad creada al efecto en 1991, ARGENTARIA. La victoria electoral del Partido Popular en 1996 estuvo seguida de la aprobación del Plan de Modernización del Sector Público Empresarial cuya aplicación significó la venta de prácticamente el resto del sector público empresarial. Los nombres más conocidos se corresponden con las empresas más grandes que tenían resultados muy positivos en su etapa pública y, de las que se han obtenido ingresos más elevados con su privatización: ENDESA, Telefónica, REPSOL, Gas Natural, Argentaria e IBERIA. Ya desde el comienzo de los procesos de liberalización se planteó que algunas de las actividades de las compañías tradicionales de suministro eléctrico y de gas debían continuar siendo reguladas y controladas directamente por el Estado. Efectivamente, la explotación de las redes físicas de cables y gasoductos está sujeta a significativas economías de escala, lo que hace que las mismas tengan carácter de monopolio natural; la presencia pública se convierte en un instrumento insustituible en estas actividades puesto que se requieren importantes inversiones iniciales y las dimensiones hacen ineficiente la existencia de más de una empresa o infraestructura (red eléctrica de alta tensión, infraestructuras de carreteras, ferroviarias o de telecomunicaciones). Así, las empresas de redes, es decir, aquellas de las que dependía el transporte y la distribución desde los centros en donde se genera la energía eléctrica hasta los centros de consumo, ni podían ni debían competir en el mercado. De hecho, es difícil imaginar un sistema económico eficiente en el que el transporte y la distribución de electricidad se pudiera llevar a cabo sobre diferentes redes en competencia. Las modificaciones de las condiciones técnicas para generar energía eléctrica que tienen lugar durante estos años son utilizadas por la Unión Europea para justificar y obtener el consenso social y político necesario para poner en marcha el proceso de liberalización de la energía. Un motor de cambio importante en la naturaleza económica de las actividades eléctricas fueron las espectaculares reducciones en los tamaños óptimos de las centrales. La introducción de la tecnología de generación de ciclo combinado (un doble ciclo, de gas natural y de vapor), los descubrimientos de nuevos materiales, las turbinas desarrolladas en los programas espaciales, y la caída drástica del precio del gas natural al quedar liberalizada la producción y eliminarse los obstáculos que hasta la fecha impedían el uso de este combustible para la generación de electricidad, dieron paso a una nueva forma de concebir la producción eléctrica. A mediados de los 90 la Unión Europea hace suyo el objetivo de crear un mercado único de la energía y publica las primeras Directivas para la liberalización del sector eléctrico y gasista. La idea era clara había que avanzar hacia una mayor eficacia en la organización y gestión de las empresas con el fin de disminuir los precios de la electricidad y así facilitar no sólo un mayor consumo, sino también más racional y eficiente, y de paso aumentar los beneficios de las grandes compañías. Las Directivas europeas proponen la separación jurídica de actividades reguladas (transporte y distribución) y actividades en competencia (generación y comercialización) y el libre acceso a las redes, pero no modifican la estructura del mercado. Las estructuras empresariales que provenían de los antiguos monopolios u oligopolios verticalmente integrados no se alteraron en un primer momento (salvo en el Reino Unido, donde, se realizó como paso previo a la privatización una reforma estructural que incluyo la separación en empresas de redes y generación). Las grandes compañías eléctricas se han adaptado perfectamente a lo establecido en las Directivas europeas. Han creado empresas separadas dentro del mismo grupo empresarial pero manteniendo una estructura integrada verticalmente con las que realizan las actividades reguladas de transporte y distribución y las actividades en competencia (generación y comercialización). Durante el gobierno de Felipe González se dieron los primeros pasos para la privatización de las empresas públicas que operaban en el sector eléctrico. No obstante, es durante la presidencia de José María Aznar, 5 de mayo de 1996 a 17 de abril de 2004, cuando se operó la privatización real con nocturnidad y alevosía; se sacrificaron importantes y rentables empresas públicas para ponerlas en manos de importantes financieros que utilizaron las empresas privatizadas para enriquecerse aún más a costa de bajar la calidad de los servicios públicos. Muchas de las acciones privatizadoras de los gobiernos del PP se hicieron a un precio “sensiblemente inferior” al establecido en valoraciones independientes, e incluso se hicieron “ajustes que dieron lugar a una importante minoración del precio señalado en los respectivos contratos”. En 1985 existían 130 Empresas Públicas propiedad del Estado, y alrededor de 850 indirectas (filiales y subfiliales de las anteriores), además de las Empresas Públicas propiedad de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. En este momento restan tan solo unas cuantas de las empresas públicas estatales y, en cambio han aumentado significativamente las autonómicas y locales. Pocos ponen en duda que el proceso de liberalización y privatización del sector público español aumentó el poder político y económico de la oligarquía financiera española. Por llamarlo de alguna manera se puede decir que las clases dominantes revitalizaron su poder dentro del Estado español siendo capaces de influenciar poderosamente en todas las decisiones políticas relacionadas con el sector energético y a su vez, transmitir opiniones que han tenido y tienen que ver con quitar y poner ministros. El Ministro de Industria, Joan Clos, explicó en un momento determinado que su cese se había debido a causa de exigir a las empresas eléctricas la devolución de 2500 millones de euros que habían cobrado en exceso y porque les pidió unos 1000 millones de euros que había pagado el estado por los derechos de emisión de gases. El transporte de energía eléctrica desde los centros de generación hasta los transformadores en las entradas de las poblaciones lo realiza Red Eléctrica Española. Esta compañía, en un principio pública, también fue privatizada, actualmente en manos del estado está el 20 % de las acciones de la empresa. Según las opiniones de muchos expertos, juristas y economistas, la privatización de Red Eléctrica Española que fue gestionada en 1999 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se realizó con una gran “falta de claridad y transparencia” siendo los grandes beneficiarios Iberdrola y Endesa. De lo que no quedan dudas es que Aznar deshizo de un plumazo el sector público que al momento entró en una espiral de especulación y de falta de mantenimiento. Muchos de los fondos recibidos por las compañías eléctricas como compensación por el proceso de privatización se destinaron a la inversión y para la compra de eléctricas en Latinoamérica. De lo anterior tenemos experiencias no muy lejanas en el tiempo en Extremadura, con constantes cortes de suministro de luz en periodos de elevado consumo y lo ocurrido en Cataluña hace pocos años, en donde una nevada, puso al descubierto el abandono en el que estaban las redes de transporte y distribución. Con el paso de los años se ha llegado a una situación tal que un sector estratégico de estas características tan importante para la economía del país está en manos de empresas multinacionales con centros de poder fuera de España, como es el caso de ENDESA que pertenece a la Multinacional Italiana, Enel. Esta empresa que pertenece al Estado Italiano es dueña en un 90 % de las acciones de Endesa. Las empresas eléctricas están continuamente reclamando al Estado español compensaciones porque las tarifas no cubren los costes del proceso de suministro a los consumidores. En el año 1997, se promulgó la Ley 54/1997 que liberalizaba el sector eléctrico español. De manera inmediata a esta privatización el gobierno estableció lo que se llamó el déficit tarifario, es decir, la diferencia entre los costes del suministro eléctrico y lo recaudado por la venta. Como anécdota, conviene saber que José María Aznar, fundador del déficit tarifario, trabaja como asesor de la compañía Endesa, por lo que percibe un sueldo que se acerca a los 200.000 euros al año. También el ex-presidente Felipe González es consejero de Gas Natural-Fenosa. El déficit tarifario español es un quebradero de cabeza para los diferentes gobiernos que le van sucediendo. Para compensar este déficit que valoran las propias compañías suministradoras, y evitar la subida de las tarifas y controlar la inflación que ello generaría, se llegó al acuerdo entre gobierno y las eléctricas, de que el Estado debía abonar la diferencia. El Gobierno español, aprobó en abril del 2009 un Real Decreto que concede a las compañías eléctricas un regalo de 10.000 millones de euros encubierto bajo el eufemismo de "déficit tarifario", correspondiente a los ejercicios 2001 a 2008. Según datos de la Comisión Nacional de la Energía, el desajuste entre los ingresos de los recibos de la luz y el coste de la energía fue de 4.564,7 millones en 2010, lo que dejaba en aquél momento el déficit tarifario acumulado en 17.719 millones de euros. Las organizaciones empresariales del sector de la electricidad valoran que el déficit acumulado que se arrastra por el incremento de los costes de las actividades reguladas (transporte y distribución), a finales de 2011 habrá superado los 28.800 millones de euros, casi un 3% del PIB nacional. Así pues, los diferentes Gobiernos han aumentado los impuestos y han recortado presupuestos vitales en educación, sanidad, pensiones, especialmente en estos momentos, pero regalan miles de millones de euros a compañías que afirman que tienen déficit, pero cuyos presidentes y consejeros se autoasignan ingresos y pensiones desorbitados con toda la inocencia del mundo. El precio de la electricidad se establece en el mercado eléctrico casando la oferta y la demanda. El sistema de fijación de precios de la electricidad en nuestro país es increíblemente beneficioso para las empresas. La oferta de electricidad está organizada de tal modo que en el mercado entran en primer lugar la oferta de energía nuclear que no puede variar su potencia, posteriormente acede la energía producida por las renovables que entran por ley y las hidráulicas y por último, la demanda de energía que falta se completa con las centrales de carbón y de gas. El precio que se establece es el de las últimas que entran en el mercado. Por tanto, al final todas las energías que se ponen en el sistema se cobran al coste de la energía producida por el carbón o gas, que es la energía más cara. Esto solo beneficia a las empresas eléctricas y perjudica claramente a los consumidores. Valga como ejemplo que la energía hidráulica producida en España proviene de embalses que fueron construidos en la década de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado por el régimen franquista. Se dieron en concesiones de 75 años de duración, no pagan por el uso del agua que es un bien público y que se usa para beneficio privado. Las empresas privadas eléctricas pagan al Estado por estas concesiones algo más de 20 millones de euros anuales. Algo similar pasa con las centrales nucleares que están todas amortizadas y lo que obtienen es beneficio puro. El gobierno de Angela Merkel ha suspendido la moratoria nuclear que había en Alemania y ha permitido una prolongación de la vida de las nucleares de diez años pero a cambio éstas tendrán que pagar unos 3.000 millones de euros anuales. Se ha calculado que si el gobierno español impusiera un impuesto mínimo a las centrales hidroeléctricas por megavatio producido, y si se cobrase otro a las centrales nucleares que alarguen la vida útil como hacen en Alemania el estado dispondría de ingresos que hubieran evitado algunas medidas económicas de reducción del gasto público A pesar de todo, el hecho de que cada día haya más renovables y en consecuencia su oferta sea mayor ha contribuido a disminuir el precio de generación de la electricidad, pues en ciertos momentos las renovables han cubierto toda la demanda eléctrica desplazando a las fuentes más caras y consiguiendo un menor precio de casación de oferta y demanda. No obstante, son los consumidores industriales los que en mayor medida se han beneficiado de esa reducción de los precios pagados por la electricidad. Pero esta disminución que se produce en el coste de generación, las comercializadoras de electricidad no la repercuten a los consumidores porque éstos consumen electricidad al precio de una tarifa regulada denominada la Tarifa del Último Recurso (TUR). Marcel Cordech, experto energético del consejo asesor para el Desarrollo de la Sostenibilidad de Catalunya, explica que el precio que según las eléctricas les cuesta producir la energía eléctrica no tiene nada que ver con los costes de haber producido esa energía. Dice que “este cálculo es ficticio, porque si te crees el precio de la subasta en el que participan las mismas empresas eléctricas con distintas filiales, si te crees el coste de la energía que marcan las propias empresas. Necesitas creerte muchas cosas”. En este mismo sentido se pronuncia Facua-Consumidores en Acción que considera "obscenos" en épocas de crisis, los beneficios obtenidos por las principales compañías eléctricas y los sueldos cobrados por sus directivos. Así después de este panorama tan desolador, la preguntas que nos hacemos los consumidores son ¿realmente existe ese déficit? y ¿cómo es posible que haya déficit, si cada año las empresas eléctricas consiguen mayores beneficios. Al menos así se pone de manifiesto después de que en el año 2010, Endesa informó a sus accionistas de unos beneficios que superaban los 4000 millones de euros, mientras que Iberdrola dio a conocer unos resultados positivos próximos a los 3000 millones de euros y Gas Natural Fenosa más de 1.200 millones. Las compañías eléctricas tienen un enorme poder mediático que utilizan para convencer al conjunto social y al poder político de que sus intereses son los intereses de los ciudadanos y ciudadanas; insisten una y otra vez a través de los medios de comunicación en sus exigencias al gobierno del déficit de tarifa; en estos días están presionando para conseguir la subida del precio de la luz. El hecho cierto es que el pago de la factura de la luz supone esfuerzo enorme para la inmensa mayoría de los ciudadanos, España está a la cabeza de los precios de la electricidad para el usuario final en la Unión Europea. Estas cosas nos hacen dudar de las continuas quejas de quienes hoy controlan el mercado eléctrico español. En todo caso, tenemos que atenernos a lo que dicen los expertos al respecto, ¿porqué las empresas eléctricas europeas no tienen déficit de tarifa si tienen unos precios de la electricidad más bajos que los nuestros?. La conclusión a la que llegan muchos expertos tras analizar la fuerte reducción de lo público en el sector eléctrico es que aquél proceso no ha sido provechoso para la sociedad española. La privatización del sector eléctrico lo que sí permitió fue una mayor concentración de la riqueza en un número reducido de familias que ya estaban relacionadas con el mundo de las finanzas. Este sector social muy minoritario, según los entendidos no supera a las 1400 personas, tuvieron y siguen teniendo un fácil acceso y una comunicación fluida con los poderes políticos. Todo el proceso privatizador supuso una enorme acumulación de capitales acompañado de un desplazamiento tremendo de las rentas del trabajo hacia el capital. Otra cuestión interesante que mantienen oculto los medios de comunicación y que se deriva de la pérdida de peso del sector público en la economía nacional y que se vislumbra con especial intensidad en estos momentos es que la venta de empresas públicas debilitó la capacidad del Estado para influir en el sistema económico nacional, para hacer frente a las bajas tasas de crecimiento económico, a la crisis económica y al enorme desempleo que padecemos. En la actualidad el comportamiento de las grandes compañías eléctricas sigue las pautas establecidas por el propio sistema capitalista, están aquí con nosotros no para servir a la sociedad sino para acumular beneficios, para ganar dinero. El suministro de electricidad es un instrumento para lucrarse. No obstante, para que sus planes se cumplan tienen que asegurar una serie de condiciones económicas y políticas. Así, sus lobbys políticos están operando en torno al poder para prolongar peligrosamente la vida de sus centrales nucleares, por lo que las presentan como necesarias. Pero hay una razón por la que las empresas eléctricas titulares quieren alargar a toda costa la vida útil de las centrales nucleares. En este momento todas las centrales nucleares españolas son inversiones ya amortizadas. Todo lo que generan es puro beneficio contable. Una central nuclear de 2.000 MW genera una facturación neta diaria de casi 2 millones de euros. Aunque intentan aparentar otra cosa, las apariencias engañan, están en contra de un modelo energético con cierta descentralización, así rechazan de plano ciertas energías renovables, aunque se interesan por otras. Tanto Endesa como Gas Natural están en el sector de la energía eólica. La energía eólica no ofrece un modelo descentralizado de producción de energía eléctrica pues requiere altas inversiones que están al alcance de pocos, sólo las grandes compañías pueden permitirse la realización de inversiones de esa dimensión. Por supuesto, también se han estado beneficiando de subvenciones públicas. No obstante, no muestran una gran simpatía por esta energía. Menos aún por la energía solar que es muy adecuada para la descentralización energética, no sólo no entra en sus planes a pesar de que en España se dan unas condiciones excelentes para ella sino que se la han cargado manejando el Ministerio de Industria en el gobierno pasado. Cuando acababa de realizar este trabajo el gobierno del PP suspendía todas las ayudas a las energías renovables. El Consejo de Ministros aprobó ayer, día 27 de Enero, paralizar temporalmente la concesión de ayudas a la producción eléctrica de energías renovables. Esto va a provocar un freno a la instalación de nuevas plantas solares, eólicas, de biomasa y de cogeneración, dado que las instalaciones que quieran comenzar a operar no recibirán dinero público extra por sus kilovatios. Sin estas ayudas, actualmente las cdentrales renovables no son rentables. Se calcula que en Extremadura están previstas más de 670 centrales de energía renovable, con una previsión de empleo que podría llegar a los 30.000 puestos de trabajo e inversiones por valor de varios cientos de millones de euros. Según la prensa regional de la fecha, entre otros, “EL Periódico de Extremadura, informaba en sus páginas que “El impacto de la medida en Extremadura puede ser muy negativo. El Gobierno regional, los sindicatos y la patronal empresarial veían en la energía renovable un sector estratégico para la economía regional, especialmente en el ámbito del empleo, donde la comunidad autónoma afronta un drama social, con 144.000 parados. Esa visión compartida se plasmó hace un año en el Acuerdo para el desarrollo energético sostenible de Extremadura 2010-2020. El documento cifraba en casi 30.000 personas la mano de obra necesaria para construir y mantener los proyectos renovables previstos en Extremadura a lo largo de la actual década. El cambio de modelo productivo necesario para este país y que se exige desde los sectores más progresistas de la sociedad pasa por la modernización de nuestro sistema energético lo que implica la nacionalización del negocio eléctrico que actualmente controlan unas pocas empresas y por el desarrollo de una producción eléctrica descentralizada. La dependencia de la energía eléctrica que tienen los diferentes sectores productivos y el consumo ciudadano (doméstico) ponen en un primer plano de actualidad la necesidad de que aquella sea un servicio público garantizado por el Estado. La producción descentralizada de energía eléctrica irá creciendo con el paso del tiempo, ya se lleva a cabo en múltiples tipos de instalaciones y en las propias viviendas. Esta forma de generar energía eléctrica se expandirá en la sociedad si se encuentran facilidades físicas para acceder a las redes de distribución, y por supuesto, facilidades económicas para su explotación. No tengo ninguna duda de que esto sólo será posible si la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica está controlada por el Estado, de otro modo, pocas oportunidades tendrá la producción descentralizada para sobrevivir ante los intereses de las grandes empresas. La implantación de un modelo energético de las características enunciadas contribuiría a la creación de empleo, daría trabajo a desempleados procedentes del sector de la construcción, y al desarrollo de un sector empresarial que tendría muchas posibilidades de éxito fuera de nuestras fronteras, al mismo tiempo que daría la posibilidad a que muchos jóvenes adquieran una formación profesional que sería utilizable por otros países que están más retrasados que nosotros en la producción de ciertas energías renovables. 
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