Los problemas asociados a la vivienda

 

La falta de vivienda es uno de los grandes problemas que tenemos los extremeños. Esta necesidad se presenta en muchas localidades de la Comunidad, especialmente en las de mayor número de habitantes.

Sin embargo, es frecuente escuchar de nuestros próceres e ilustres políticos que la constitución garantiza la igualdad de todos, el entendimiento y la convivencia de la ciudadanía española. Nada más lejos de la realidad. La constitución es un texto en el que las referencias a las cuestiones sociales, vivienda, empleo, sanidad, servicios a mayores y dependientes, tienen poco que ver con la aplicación práctica real; a la hora de la verdad, excepto cuando nos piden el voto, estos asuntos referenciales que los políticos proclaman por activa y por pasiva en sus discursos electorales, no les vinculan para nada y se olvidan de ellos, una vez se sientan en el sillón de gobernantes. Todo es pura retórica y palabrería.

Si nos centramos en lo que atañe a las viviendas, el número de leyes y reglamentos que se aprueban se multiplican en contraste frente a unos presupuestos muy insuficientes, por no decir ridículos. La propaganda para confundir a la opinión pública nos desborda con normas, planes estatales y regionales, anuncios de ayudas de alquiler, subvenciones y fondos para previsibles construcciones de viviendas. Pero la legislatura y los años pasan y todo sigue más o menos igual, se resuelven algunos problemas individuales pero la problemática general sigue aparcada, creciendo, sin resolverse.

La oferta y la demanda, ley básica del liberalismo, como si fuera algo natural transcurre sin pena ni gloria para las señorías que, satisfechas, bien acomodadas en sus reconfortantes sillones institucionales, no quieren saber nada de lo que está pasando, recreando su aburrimiento en enfrentamientos parlamentarios estériles propios del teatro y el circo de la democracia. El hecho es que cada vez faltan más viviendas con precios o alquileres asequibles para la población trabajadora que difícilmente encuentra una solución habitacional acorde con sus salarios para realizar un proyecto de vida sin demasiadas pretensiones.

La adjudicación de las escasas viviendas de promoción pública se hace siguiendo procedimientos legales saturados de una burocracia documental cuyo primer objetivo es la elaboración de un censo de pobres. Este padrón sirve para enfrentar a los solicitantes y sobre todo para ocultar el enorme déficit habitacional.

Los requisitos que deben cumplir los solicitantes entran en contradicción con la misma finalidad de la construcción de las viviendas sociales. Quienes superan un nivel de pobreza quedan excluidos de las listas de admitidos. Así, un claro ejemplo de esta contradicción se presenta  cuando el solicitante que quiere convertirse en unidad familiar monoparental debe tener unos ingresos que no sean inferiores al 80 % de una vez el IPREM en cómputo anual, es decir, 6720 euros, el 80 % de 8.400 euros (14 pagas) o 5760 euros, si se consideran 12 pagas; de este modo, la administración pública se garantiza el cobro mensual de la cuota, si tus ingresos son inferiores, incumples este requisito quedando fuera de las listas de admisión.

Otro aspecto que exige la ley es que quedarán excluidos quienes hayan sido condenados y tengan pendientes el cumplimiento de penas contra la salud pública, alteración del orden público o conductas asociales. Si el certificado de penales así lo ratifica estás fuera. No importa que la necesidad de una vivienda social sea prioritaria para poder vivir dignamente e integrarte plenamente en la sociedad.

La demostración de que se tiene necesidad de una vivienda excluye a quienes tengan la propiedad de un terreno, cuyo valor total o el de la participación que corresponda a la unidad familiar exceda del 40 % del precio de una vivienda de promoción pública en la localidad en donde se solicita la vivienda. Este requisito excluye a quienes no presenten una tasación que acredite lo anterior, aunque el estado de precariedad del solicitante impida contratarla.

En otro orden de cosas, no importa la necesidad que se tenga de una vivienda si el demandante lleva viviendo de manera continua en la localidad en donde se construyen o se han realizado un tiempo inferior a los tres años. Sin embargo, la necesidad no tiene relación con este requisito.

Lo que ocurre en el caso de Villafranca de los Barros está muy generalizado, de tal modo que los políticos en las instituciones no se toman en serio la falta de viviendas. Aquí, hay que asignar 32 viviendas entre un número de solicitantes que se aproxima a los 300, esto quiere decir que los problemas habitacionales van a seguir siendo importantes entre la población. Aun teniendo en cuenta la limitada capacidad económica de los Municipios, los gobernantes locales debieran priorizar los presupuestos en la dirección de satisfacer las necesidades de la población, dejando atrás obras programadas que son menos prioritarias que las viviendas y pueden esperar a otro momento, dando primacía a la construcción de decenas de viviendas que podrían aliviar el problema social.

Los decretos que regula la construcción de viviendas, los planes de edificación estatal y las ayudas al alquiler no están dirigidos a título principal a beneficiar a las clases sociales más necesitadas, se organizan y programan al servicio del negocio de las empresas constructoras. La alternativa a este criterio político liberal sería que nuestras instituciones programaran y planificaran la construcción de viviendas desde lo público saliendo de la hibernación pasiva de años, lo que además repercutiría muy activamente en el empleo y el desarrollo económico local y regional.

 

Sobre los centros residenciales

 

Mientras la pobreza se extiende en los barrios obreros, aumentan los problemas relacionados con las faltan de viviendas y los alquileres, siguen los desahucios por los mismos bancos que fueron rescatados con decenas de miles de millones de dinero público y se eliminan las bolsas de alimentos para los más necesitados, los gobiernos de la UE, incluido de forma destacada el del PSOE­ Sumar, declaran la economía de guerra.  Una economía de guerra que con más daño cae sobre los territorios con más dificultades económicas y sociales como el caso de Extremadura.

Pero ¿qué es la economía de guerra? La economía de guerra significa que la prioridad absoluta de toda la sociedad es destinar recursos a la industria militar, todo ello cuando ya en 2023 el gasto militar se incrementó en un inédito 25%, alcanzando los 28.000 millones de euros que es más de un tercio del gasto sanitario público en todo el estado español.

Quiere esto decir que van a recortar, aún más, el gasto social en pensiones, desempleo, sanidad, educación, servicios sociales, etc., para destinarlo a la compra de armamento y suministros militares. Supone preparar grandes ejércitos y volver al servicio militar obligatorio, cuyo establecimiento se debate abiertamente en los diferentes países de la UE.  Significa que el complejo militar industrial, los fabricantes de armas y de todo tipo de tecnología militar, incluida la industria farmacéutica, empresas privadas en su totalidad que de forma mayoritaria son propiedad de las grandes multinacionales anglosajonas del sector, van a multiplicar sus ya fabulosas ganancias. Al mismo tiempo los poderosos grupos de presión de la industria armamentística, que controlan los puntos clave del poder, van a influir decisivamente para que la guerra, su gallina de los huevos de oro, siga bien alimentada, mientras nos encaminan al precipicio.

Esta amalgama de negocios que expresa la corrupción política se extiende y beneficia a toda la clase dominante de la sociedad española a costa de las clases trabajadoras, especialmente las que desarrollan su vida en las zonas con más dificultades económicas y sociales como Extremadura. Los recortes están alcanzando ya, en toda regla a los servicios públicos de la Comunidad Extremeña entre los que se encuentran los servicios de la atención a mayores y la dependencia. Este ataque sobre los recursos materiales y humanos de los centros residenciales se ejecuta por medio de la CCAA a quien corresponde la aplicación competencial directa. En algunos centros son los trabajadores los que muestran su disconformidad con las condiciones laborales y salariales, también algunas familias se quejan del trato que reciben las personas mayores.

Desde UED-PSLF consideramos que las instituciones de la Junta de Extremadura deben responder con las medidas que sean necesarias para satisfacer la atención de calidad de los mayores y dependientes y atender a las demandas laborales de las personas que trabajan en estos centros residenciales. Y todo ello, exigiendo al gobierno de España si fuera necesario los presupuestos que les permitan cumplir con estas obligaciones competenciales. Hoy es más necesario que nunca una fuerza política que represente una alternativa socialista al imperialismo capitalista que se reproduce en los gobiernos regionales y nacionales.

ALGUNAS RAZONES DE PORQUÉ EL PACTO EUROPEO

 

 

1.- El Pacto se compone de cinco reglamentos que se vienen debatiendo desde el año 2020 y aprobados desde 2022 y finales de 2023. Lo que se quiere es regular y controlar llegadas irregulares, los datos personales característicos del ser humano inmigrante, sean físicas, fisiológicas o comportamientos, lo relativo a la presentación y tramitación de solicitudes de asilo, mecanismo para indicar qué Estado es el responsable de cursar la solicitud, medidas a tomar en situaciones de crisis y como no, la cooperación entre los Estados.

Las conclusiones a las que llegamos después de conocer aspectos elementales que determinan lo sustancial del contenido reglamentario del Pacto Europeo es que quienes han estado trabajando en su elaboración, al frente de los cuales ha estado el ministro del Interior Español, Grande Marlaska, como presiente del Consejo de ministro de Interior de la UE, han seguido los criterios políticos que vienen a identificarse con los intereses de las grandes multinacionales y fondos de inversión mundiales.

 

2.- Lo primero que significa para nosotros es que los países capitalistas especialmente los europeos y EE. UU. necesitan intensificar el saqueo de los recursos de los pueblos oprimidos y explotados durante siglos de África, Asia y Oriente Medio. El imperialismo, para obtener rendimientos económicos que compensen las crisis que sufre a nivel mundial y la perdida de la tasa de ganancias impone su poder militar con golpes de estado, actos terroristas, guerras y matanzas humanas. Por estas razones sabe que se va a producir una salida masiva, mayor aún de las producidas hasta la fecha, de personas de estos países despojados brutalmente de sus riquezas a la búsqueda de otras posibilidades de vida. Para frenar esa salida encarga la elaboración de leyes que rompan los pactos internacionales que regulaban el derecho de asilo, que frenen las intenciones de salida, devolviendo a los que salen, internándolos en macro cárceles, etc. todo lo que pueda para quitar deseos de abandonar sus lugares de origen. De ese modo, se selecciona a los países a los que se les permite obtener el derecho de asilo y se eligen a los migrantes que le pueden dar resultados productivos para su necesaria acumulación de capital.

 

3.- Aunque España no es el estado europeo más dado a la concesión del derecho de asilo, mucho nos tememos que el retraso y la lentitud en la concesión de citas que hay en la actualidad va ligado a la espera de la aprobación de la nueva normativa. Una vez en vigor la nueva legalidad, el gobierno a través de su ministerio de interior tendrá vía libre para hacer lo que le dé la gana con los migrantes en nuestro territorio, para devolverlos o para mantenerlos un tiempo indefinido esperando en centros de acogida hasta la decisión definitiva.

 

4.- El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), una vez aprobado, supondrá una aportación de reserva de mano de obra elegida por el Estado según las necesidades de los capitalistas. Una fuerza de trabajo que se venderá a precios inferiores a los que marcan las leyes de los países europeos, creando una división entre la clase obrera nativa y extranjera, y fomentando el crecimiento de la extrema derecha muy experimentada en la promoción del racismo y la xenofobia entre la población europea, y en concreto española.

 

5.- Por otro lado, las obligaciones de mayor control de fronteras que impone el PACTO van a inducir el crecimiento de la industria militar al objeto de disponer de una mayor dotación de instrumentos militares que vigilen más eficazmente las fronteras marítimas y terrestres, así como un incremento de las fuerzas policiales con el objeto de controlar y perseguir a cualquier persona para comprobar su legalidad, bien porque sea sospechosa de ser inmigrante si tiene un color distinto al blanco o un aspecto raro fuera de la normalidad, siempre se puede sospechar de que sea alguien que haya burlado las barreras impuestas a los migrantes.

 

6.- El imperialismo busca la desorganización del mundo, la eliminación de las normas internacionales que protegían los derechos humanos, la inhabilitación o anulación de los organismos internacionales hasta la fecha encargados de llevar a cabo la gestión humanitaria; el imperialismo quiere que no haya Derecho Internacional, sin acuerdos de paz entre los pueblos sólo a base de dinero para comprar subordinar estados, afianzar el ideario supremacista, el neonazismo, y con ello su propia supervivencia. 

 

7.- La única solución que vale para vencer las desgracias a las que nos lleva el gobierno español, la UE, sujetos a las órdenes del imperialismo norteamericano es el fortalecimiento de la unidad y las alianzas entre las clases trabajadoras, rechazando la división que pretenden y organizando la resistencia para unidos vencer las normas imperialistas.

UED-PSLF: EL RETROCESO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. EL RETO DE LA CORPORACIÓN LOCAL DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALE

 

1.- LA ACTITUD DELGOBIERNO REGIONAL ANTE LA FALTA DE VIVIENDAS.

El gobierno regional de Extremadura, ahora el PP y antes el PSOE, para ocultar la incapacidad política de resolver los problemas estructurales que afectan gravemente a la población como la falta de viviendas, suelen recurrir a demagógicas ruedas de prensa en las que informan que se van a llevar a cabo construcciones en diferentes localidades y se acompañan de fotografías con familias a las que se les ha entregado alguna vivienda. Con estos hechos mediáticos tratan de dar a entender que están trabajando en la resolución de ese asunto y con más interés que los anteriores responsables del gobierno extremeño.

No obstante, la falta de viviendas se acusa cada vez más entre la población, sobre todo entre los más jóvenes que encuentran enormes dificultades para crear su propio hogar por carecer de empleos o con salarios precarios y sin posibilidades de acceder a viviendas, cuyos precios de compra o alquiler no son asequibles a sus bolsillos.

2.- LAS NECESIDADES HABITACIONALES DE LA JUVENTUD

En este orden de cosas, en nuestra comunidad son necesarias políticas que posibiliten el acceso a las viviendas de jóvenes y sectores sociales con dificultades económicas. Desde nuestro punto de vista, las actuaciones de la Junta de Extremadura deben ir en varias direcciones: programación de nuevas construcciones, adquisición de las que están en venta en muchas localidades y la puesta en alquiler social de aquellas que están en manos de entidades bancarias o grandes propietarios. No entramos en las ayudas al alquiler cuya burocracia echa para atrás a bastante gente.

Las construcciones previstas en los presupuestos regionales o en el Plan Estatal de la Vivienda no van a solucionar ni mucho menos las necesidades del pueblo trabajador extremeño. Por el lado regional, son muy insuficientes y por la parte del plan estatal, los precios de las que se construyan no van a ser muy factibles para los bolsillos de quienes las necesitan. Por otro lado, las ayudas a la compra ofrecidas por el Plan Estatal 22-25 y los avales bancarios de la Junta para las personas jóvenes no van a tener una amplia repercusión dadas las escasas posibilidades económicas de buena parte de la juventud.

3.-LAS ADJUDICACIONES DE LAS YA CONSTRUIDAS

El hecho de que haya más personas o familias necesitadas que viviendas de las construidas que se vayan a conceder, dan lugar a detalles que complican el problema ya existente: el retraso en la adjudicación de las viviendas sociales. Los procesos burocráticos para valorar “justamente” al más necesitado, pueden retrasar la adjudicación. Es decir, hay que realizar una clasificación de los pobres en la que coincidan la comisión municipal y la regional. Como lo que se ofrece no llega ni mucho menos a lo que se necesita resulta complicada la valoración para los que deben hacerla y gestionarla. El reto o la tarea que queda pendiente para las “personas responsables de las políticas locales” es que demuestren la capacidad de gestionar y poner en marcha más construcciones de viviendas que atiendan las demandas de la sociedad.

4.- EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL

Lo que estamos viendo de manera muy general es que los gobiernos abandonan las prácticas políticas públicas. Estas están en decadencia, no sólo en lo relacionado con la vivienda, también en la educación, en la sanidad y en otros servicios públicos; lo antagónico, es que se fomentan las privatizaciones y la promoción de servicios en el sector privado.  En lo relativo a la vivienda, la construcción y el mercado de la compraventa no pasan por su mejor momento. Los proyectos institucionales de promoción pública y de carácter social están abandonados desde hace años u orientados hacia una clase media que sufre un proceso de proletarización y empobrecimiento general, cuyos recursos monetarios ya no les permiten invertir ni comprar como hacían antes. Las cosas seguirán en retroceso si el gobierno regional no lleva a cabo un replanteamiento y revitalización de sus políticas, con una planificación ordenada hacia la promoción y defensa de lo público, con el incremento de los presupuestos destinados a las dotaciones de viviendas sociales, a la generación de empleo y al reforzamiento de los servicios públicos esenciales que requiere la sociedad extremeña.

 

 

UED-PSLF apoyan las reclamaciones de la UNIÓN en relación a los agricultores del Norte de Cáceres

Desde UED apoyamos las reclamaciones de la organización agraria LA UNIÓN en relación con que el Ministerio de Agricultura establezca a través de La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A. (ENESA) coberturas reales y a precios asequibles para la producción de cerezas. 

 El hecho concreto es la repercusión que va a tener la granizada que afectó a unas 3.500 Has de varias localidades del Norte de Cáceres en la generación de unas pérdidas que se estiman en torno de un 5 a un 10 % en la cosecha de cerezas.

 Para los productores, tal y como expresa la organización agraria, el verdadero drama está en que la totalidad de las hectáreas afectadas están sin seguros dadas las imposiciones de las condiciones de AGROSEGUROS.

  Ante estas circunstancias, la realidad es que la totalidad de los daños producidos van a ser sufridas por los productores ya que prácticamente la totalidad de la producción de cerezas se ha quedado un año más sin asegurar por las deficiencias que muestra el seguro de cerezas de Cáceres y que el Ministerio de Agricultura a propuesta de AGROSEGUROS ha vuelto a endurecer esta campaña, castigando a los productores con pequeñas explotaciones agrarias.

 En este orden de cosas, está la exigencia al Ministerio de Agricultura, a través de su entidad ENESA, la negociación de un seguro de cerezas para la provincia de Cáceres con coberturas reales y a un precio asequible.

 Como señala la organización agraria, está muy bonito querer celebrar la Fiesta de Cerezo en Flor para que toda la sociedad disfrute del espectáculo de los valles del norte, blancos por la floración, pero hay que recordar que solo tendremos cerezos si el cultivo es seguro y rentable, circunstancias que no se dan en estos momentos.

 Por eso, desde la UNIÓN van a solicitar a la Consejería de Agricultura la convocatoria de una reunión de la Mesa Regional de seguros agrarios para que con tiempo suficiente vayamos estudiando el problema que tenemos y las posibles soluciones.

SOBRE LA INDUSTRIA DE GUERRA

 

Según las informaciones del digital Canarias Semanal la industria armamentística española contribuye de manera muy notable al PIB nacional, siendo la producción y la exportación de armamento una de las actividades más notables de la economía española.  

La exportación de tecnología militar y armamento español está muy bien situada en el ranking europeo y mundial, en concreto, la cuarta de Europa y la octava a nivel mundial. Según, el digital Canarias Semanal, de acuerdo con un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “las exportaciones de material de "defensa" y doble uso representan una parte clave de las exportaciones totales de España”.

La importancia de esta industria de guerra no es algo que venga de ahora, sino es algo que viene de muchos años atrás. Así, cuando el gobierno de González en los años 80, llevó a cabo todo el proceso de reconversión industrial para entrar a formar parte de la Comunidad Económica Europea, según imposiciones de los magnates industriales europeos, lo único que se mantuvo en pie fue la industria de producción armamentística.

Esta industria, aunque produce en el territorio nacional tiene importante participación de grupos inversores extranjeros.

Los diferentes gobiernos siempre la han tratado con inestimable generosidad económica y política esta industria de las matanzas humanas, financiando y favoreciendo sus actividades dirigidas especialmente a las exportaciones. En este sentido, no iba a ser menos el gobierno de Pedro Sánchez.

Hace pocos días, el presidente del gobierno celebró una reunión con los dirigentes de estas grandes empresas de la guerra, animándolos a integrarse en la Estrategia de Rearme Europeo para lo que tendrán buenas ayudas y subvenciones y sobre todo, para que sus bolsillos sigan teniendo fe en un apoyo incondicional a Ucrania.

Todo este monto económico necesario para no quedarse atrás y participar plenamente en el complejo militar y armamentístico europeo saldrá de los recortes en servicios públicos que caerán sobre las clases trabajadoras. Para el gobierno de Pedro Sánchez y los grupos socialdemócratas que le apoyan la industria de la muerte está por delante del plano social.

En este orden de cosas, se encuadran las vergonzosas declaraciones de la ministra ROBLES alentándonos y preparándonos para la guerra. El vil comportamiento de nuestro gobierno, arrodillado antes los EEUU y la OTAN, nos pone de manifiesto el tipo de estadistas tenemos a los que les importa poco incrementar el conflicto de Ucrania y seguir echando leña al fuego, apoyando al genocidio que está cometiendo Israel en Palestina, sin tener en cuenta, ni importarles que nos llevan a toda velocidad y sin frenos a una guerra, aunque con la boca chica de vez en cuando nos digan que hay que llegar a la paz.

El presidente del gobierno, ayer en Extremadura, con toda la cara del mundo nos viene a decir lo preocupado y lo que trabaja su gobierno por la región, diciendo todo lo contrario de lo que hace, y sin perjuicios de echar mentiras con un descaro inigualable a sabiendas que la prensa adicta al régimen y miles de personas van a creerse y replicar sus mentiras.

Sin embargo, la realidad extremeña se ve poco favorecida por los gobiernos del Estado Español como pone de manifiesto sus elevadas tasas de desempleo juvenil y pobreza, así como el enorme déficit de infraestructuras, viviendas sociales, precio de los alquileres y las dificultades en la sanidad y la educación pública.

 

 

UED: SIGUEN ADELANTE LAS MOVILIZACIONES DE LOS AGRICULTORES

Las movilizaciones de los agricultores siguen adelante, hoy se han producido en Badajoz, el próximo domingo serán en Madrid, y así deben continuar hasta que los poderes políticos tomen conciencia de que los objetivos que se persiguen van más allá de los específicos relacionados con sus intereses agrícolas.

En la de hoy, en Badajoz, un motivo concreto de la comparecencia de la manifestación ante el edificio de la Delegación del gobierno era la denuncia pública de las multas que se han interpuesto contra una serie de personas en las anteriores movilizaciones. La Delegación del gobierno debe eliminar esas imputaciones económicas puesto que no se corresponden con el comportamiento pacífico de los manifestantes ni con propio artículo 21 de la Constitución, en el que se establece el derecho a la manifestación pacífica; está claro que las denuncias sólo tienen la finalidad de disuadir a los agricultores a que prosigan con sus movilizaciones.

Aquellos, no se cansan de repetir que los objetivos de sus luchas van claramente contra las políticas de la UE y la aplicación de estas por el gobierno del estado español. Consideran que hay que modificar las políticas agrarias cuyo rumbo general conduce a una más que rápida liquidación de nuestra producción agrícola y a la consecuente pérdida de la soberanía alimentaria, así como a una subida escandalosa de precios que castiga muy especialmente los salarios de las clases trabajadoras.

En sus movilizaciones exigen que la UE cambie la distribución de los fondos de la PAC, el control de las importaciones de productos agrícolas procedentes de terceros países que gozan de medidas fiscales y sanitarias beneficiosas respecto a las producciones autóctonas, la interrupción y anulación de los acuerdos comerciales con organismos supranacionales que se llevan a cabo sobre la base de las materias agrícolas y  la supresión de un conjunto de normas que disfrazadas como de Defensa de la Naturaleza lo que ocultan es el proceso de liquidación de las explotaciones agrarias.

La UE es una herramienta manejada por las grandes organizaciones políticas conservadoras, liberales y socialdemócratas asentadas en el Parlamento y en otras Instituciones europeas; desde estas jurisdicciones políticas se definen y concretan directivas y normas que sirven fielmente la lujuria económica de las grandes multinacionales y fondos de inversión. Estas poderosas entidades ya dominan la mayor parte de la producción de alimentos al poseer grandes extensiones de tierra, macro granjas y potentes cadenas de supermercados para su distribución y venta.

Las movilizaciones de los agricultores, además de sensibilizar a la población de la justicia de sus reivindicaciones y de medidas inmediatas que respondan a estas, por la proximidad de las elecciones europeas que se celebrarán en breve período de tiempo, deben servir para calibrar en qué medida los partidos políticos son susceptibles de recoger en sus programas y garantizar el cumplimiento de las propuestas implícitas y explícitas en las reivindicaciones agrícolas.

LA LEY DE RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA. LA UNIÓN EUROPEA IMPONE LEYES SIN TENER EN CUENTA EL CAMPO, EL MUNDO RURAL Y LA POBLACIÓN TRABAJADORA.

  

1.- LA ACTITUD DE LA UE

Según algunas organizaciones agrarias y plataformas independientes del sector agrario el marco normativo europeo no para de añadir nuevas cargas al sector, más restricciones a su competitividad y más cargas a los elevados costes de producción. Para la Unión Europea no son suficientes los acuerdos comerciales o la desigual distribución de los fondos de la PAC para favorecer a las grandes explotaciones agrarias y la penetración en la propiedad de la tierra de los fondos de inversión y otros poderosos grupos industriales. También, sus afanes militaristas se traducen en soportar la economía ucraniana y darle oxígeno para mantenerla activa, de tal modo que este país siga en confrontación y siendo carne de cañón en la guerra de la OTAN contra RUSIA, permiten que granos de Ucrania penetren libremente en los mercados europeos. Esta acción comercial está lesionando especialmente a Polonia y Rumania que son los países más afectados por las importaciones de productos agrícolas procedentes de Ucrania. Las entradas del grano están acabando con sus producciones autóctonas y arruinando a los agricultores. No es muy diferente a lo que sucede en España invadida por producciones agrícolas de otros países, especialmente de Marruecos, con la particularidad de que estas importaciones están producidas en ese y en otros territorios no comunitarios por grandes empresas transnacionales occidentales que controlan la producción, distribución y venta.

 

2.- LA RECONVERSIÓN AGRICOLA

Si en los años 80, 90 las reconversiones industriales y agrarias se justificaron por la entrada en la UE, ahora la reconversión del campo se justifica por la Defensa de la Naturaleza. Estas medidas harán insoportables el mantenimiento de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias que se irán abandonando poco a poco. Las manifiestas pruebas de este objetivo se ponen de relieve con la continua aprobación de leyes “verdes”. Hace pocas semanas el Parlamento Europeo aprueba una ley para la Restauración de la Naturaleza. El ponente ha sido Cesar Luena, del PSOE.  La ley deriva de una propuesta de la Comisión del 22 de junio de 2022 para elaborar un reglamento sobre restauración de la naturaleza. Se quería  contribuir a la recuperación a largo plazo de la naturaleza dañada en todas las zonas terrestres y marinas de la UE y alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE. Según la Comisión, más del 80% de los hábitats europeos están en mal estado; la nueva ley traería importantes beneficios económicos, ya que según señala el ponente cada euro invertido generaría al menos 8 euros de beneficios. También, se dice que esta legislación responde a las expectativas de los ciudadanos en relación con la protección y la restauración de la biodiversidad, el paisaje y los océanos, expresadas las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La nueva ley debe contribuir a alcanzar los compromisos internacionales de la UE, en particular el marco mundial de biodiversidad de Kunming-Montreal de la ONU. El objetivo es que la reparación de los ecosistemas terrestres y marinos degradados llegue al 20 % en el año 2030 y sea total en el año 2050. Entre los terrenos degradados se incluyen las tierras de cultivo. En los ecosistemas terrestres (6) hay una comunidad de organismos vivos que interaccionan entre sí y con seres no vivos como el suelo, el agua y el aire.

 

 

3.- EL CONTENIDO DE LA LEY

Para restaurar la naturaleza se podrá recurrir a la adopción de medidas, tales como la eliminación de diques y presas, la reducción de la intensidad del pastoreo o los regímenes de siega en pastizales, detener o reducir el uso de plaguicidas químicos, abonos y estiércol y permitir que los ecosistemas desarrollen su propia dinámica natural, por ejemplo, mediante el abandono de la explotación. Para dulcificar la norma ante la opinión pública el Parlamento señala que la ley solo deberá aplicarse una vez que la Comisión haya aportado datos sobre las condiciones necesarias para garantizar a largo plazo la seguridad alimentaria, y cuando los Estados miembros hayan cuantificado el área que necesita ser recuperada para alcanzar los objetivos de restauración para cada tipo de hábitat. El hábitat es el lugar considerado que reúne las condiciones adecuadas para que todos los seres vivos logren vivir y reproducirse. La Cámara también plantea la posibilidad de posponer los objetivos en caso de consecuencias socioeconómicas excepcionales.

 

4.- NO HAY UN PLAN FINANCIERO

Según la Unión, no hay un plan financiero para el presupuesto necesario para acometer los planes de la restauración que serán de unos 7000 millones de euros, que se supone saldrán de las líneas de financiación que ya existen. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor del Reglamento, la Comisión tendrá que evaluar si hay algún desfase entre las necesidades financieras de restauración y los fondos de la UE disponibles y buscar soluciones para colmar dicha brecha, en particular a través de un instrumento comunitario específico.  La dedicación de estos fondos a cumplimentar la nueva ley implicará una reducción de los fondos destinados a las explotaciones agrarias, lo que supone más recortes económicos para los agricultores. En la propia Ley se recoge que se puede suspender la aplicación de los objetivos ambientales durante un período de 12 meses en caso de que se den circunstancias especiales o hechos extraordinarios que reduzcan la superficie agraria para la producción alimenticia. Los parlamentarios europeos parece que están ciegos y no son conscientes de las circunstancias extraordinarias que está viviendo la población trabajadora con todo lo que viene sucediendo desde hace años y que sin duda se catalogan como hechos extraordinarios: pandemia, conflictos bélicos, tensiones inflacionistas, sequías, falta de rentabilidad o falta de relevo generacional, etc...

 

5.- UNA NORMA QUE NO RESPETA LA ACTIVIDAD AGRARIA

No tiene mucho sentido que con todas las movilizaciones de agricultores que se están llevando a cabo en muchos países europeos contra estas políticas de la Unión Europa, sea precisamente el Parlamento Europeo quien apruebe una nueva Ley que apretará más la soga al cuello de los agricultores.  Como señala la organización agraria la Unión esta ley ignora el papel fundamental que la actividad agraria y forestal tiene en el mantenimiento del medio ambiente y representa, otra vez, la desconfianza que los representantes políticos tienen respecto de la actividad agraria y forestal. Así, considera que el Reglamento aprobado es otra muestra de cómo la política europea menosprecia al sector agrario a pesar de su difícil situación económica y social. En su opinión, esta Ley va a ser otra carga añadida para los agricultores. No entienden las medias tintas en el comportamiento de los europarlamentarios que por un lado y aparentemente, dicen ser conscientes de las enormes dificultades del sector y de que hay que moderar la presión sobre los agricultores y por otro, votan en función de intereses contrarios a la seguridad y la soberanía alimentaria comunitaria y estatal. Mientras el ministro PLANAS habla de dialogar y acordar, los parlamentarios socialistas y a la cabeza Cesar Luena plantean una ley sin debate con los interesados, que viene agravar los problemas de los agricultores. Con el paso del tiempo está quedando claro, una vez más, que la Unión Europea es una institución que va contra las poblaciones trabajadoras y en beneficio de las grandes multinacionales y el capitalismo internacional.