Acto Homenaje en Memoria de las Victimas del Franquismo |
Escrito por Comité Local | ||||||||||||
Lunes, 22 de Octubre de 2012 18:24 | ||||||||||||
Escrito por Francisco Espinosa Maestre
La obsesión por las cifras
El franquismo siempre tuvo claro que
el debate sobre la represión nunca debía de salir del ámbito numérico.
Su
objetivo siempre fue minimizar la represión propia y magnificar la
ajena. En
este sentido el propio Franco, en plena guerra, llegó a decir
públicamente barbaridades
tales como que los rojos habían
acabado con la vida de 470.000 personas. No sabemos qué cara puso
cuando poco
después el Ministerio de Justicia, basándose en ese gran proceso
abierto a la
República que se llamó Causa General, rebajó la cifra a 85.940. Por su
parte
estudiosos extranjeros como Hugh Thomas o Gabriel Jackson aportaron, ya
en los
años sesenta, otras cifras aproximadas que permitieron un acercamiento
más real
al problema. Lo que pasaba es que estos libros, en general publicados
en París
por Ruedo Ibérico, estaban prohibidos en España. La dictadura previó
con razón lo
que ocurriría con su fin: su gran secreto, la matanza fundacional, se
abriría
inevitablemente a la investigación y se perdería el control sobre una
cuestión
tan sensible y clave. Quizás por eso poco después de morir el dictador
vio la
luz una obra titulada Pérdidas de guerra,
del general Ramón Salas Larrazábal. Este bajaba un poco más la cifra de
las
víctimas causadas por los rojos,
72.337, pero por primera vez admitía que los franquistas habían acabado
con la
vida de 57.808 personas. Se trataba de que lo fundamental de la leyenda
permaneciera, aunque ya un poco adaptada al que sería el mensaje de la
transición: todos fueron iguales, pero
los peores los rojos. Por el mismo tiempo en que el general
publicaba este
libro, en 1977, daba comienzo un proceso de investigación, que aún hoy
dura y
que ha dado la vuelta a toda la propaganda que venía de la dictadura.1
La gran diferencia con lo anterior es que a partir de la transición el debate no tomó por base las cifras sino los nombres y apellidos de las víctimas. La primera fuente fueron los Libros de Defunciones de los Registros Civiles. En las zonas de España en las que, por ser ocupadas a partir de los primeros meses de 1937, la represión se canalizó por los consejos de guerra esta documentación resultaba primordial, ya que el último requisito en casos de pena de muerte era el envío de un oficio al Juzgado comunicando el hecho. Sin embargo en los territorios donde triunfó el golpe en poco tiempo y se funcionó a base de los ilegales bandos de guerra no se comunicó nada a juzgado alguno, sino que, pasada la etapa más dura de la represión y dados los múltiples problemas burocráticos que la situación había creado, se abrió una puerta falsa (el decreto 67 de 10 de noviembre de 1936) para que los familiares, tras superar un montón de requisitos, pudieran inscribir a sus muertos. La casuística es muy amplia. Hubo pueblos donde alguna autoridad ordenó la inscripción en bloque de todas o la mayor parte de las personas asesinadas (lo que no siempre se comunicó a los familiares)2 y hubo otros, la mayoría, entre los que podía citarse Villafranca, en que el proceso de inscripción se prolongó durante décadas sin llegar nunca a completarse.
En cualquier caso, con todas sus
limitaciones, la información procedente de los Registros es muy
importante y
constituye la base de cualquier investigación sobre la represión. En el
caso de
Villafranca llegaron a inscribirse desde entonces hasta finales de los
años
ochenta 234 personas. Por lo investigado, el nivel de ocultación, es
decir, el
porcentaje de no inscritos, es similar al de otros pueblos de la misma
entidad
en que el proceso de inscripción se produjo de forma parecida. Fueron
esos 234
nombres, más los doce ejecutados
posteriormente en Badajoz (11) y Mérida (1) tras pasar por consejo de
guerra, más
varios casos de personas asesinadas en pueblos de Badajoz y algún otro
procedente de testimonio oral, en total unos 250 casos, los que incluí
en La columna de la muerte (Crítica, 2003).3
Recientemente,
con motivo de la publicación de mi trabajo Masacre.
La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945)
(Aconcagua,
2011) este listado de nombres y apellidos se amplió en unos veinte
casos más.4
Esto fue posible gracias al intercambio de información y a la
colaboración con
la periodista María del Espino Núñez, cuyo trabajo Entrañas
de una guerra (Edición de la Autora, 2011), con
entrevistas a gente que de un modo u otro quedaron marcados por
aquellos
hechos, vio la luz al mismo tiempo que el mío. El capítulo dedicado a
la
maestra doña Catalina Rivera Recio, asesinada y condenada al olvido más
absoluto,
constituye la mejor prueba de esa colaboración. Quiere decir esto que
hasta
abril de 2011, en que se presentaron ambos libros en la Casa de la
Cultura, el
número de víctimas con nombre y apellidos estaba en torno a las 270.
A fines de ese año 2011 se publicó
la obra póstuma de José Antonio Soler De
entre los pliegues de la memoria (Edición del Autor, 2011), un
recorrido
por la historia de Villafranca desde la República al final del primer
franquismo pasando por el golpe militar. Respecto al tema que nos ocupa
hay que
destacar su aportación fundamentalmente en lo referente a los fondos
municipales, que por diferentes conceptos (quintas, cementerio,
exhumaciones,
etc.) le permitieron aportar 48 casos antes no conocidos (según su
clasificación, 20 del Archivo Municipal, 19 de Exhumaciones y 9 de
Cementerio).5
Además, basándose en testimonios orales,
ofreció 7 nombres nuevos (los demás ya se conocían), con lo que
tendríamos 55,
que más dos del Registro Civil antes no contabilizados darían un total
de 57
nombres. Otros casos incluidos en el listado de Soler deben ser puestos
en
cuarentena cuando no eliminados. Serían, aparte de nombres que parecen
repetidos6,
los datos proporcionados por la Asociación Memoria Histórica de
Extremadura7,
por el libro de Gutiérrez Casalá8
o los que quedan fuera del objeto de estudio9.
En total serían 63. Dicho esto hay que añadir de inmediato que lo
importante es
destacar la aportación de esos 57 nombres. De hecho, todos los que
hemos
investigado estas cuestiones no solo hemos tenido alguna vez errores
semejantes
sino que somos plenamente conscientes de la cantidad de dificultades
objetivas que
presentan, dada la voluntad de ocultar la matanza que caracterizó a la
dictadura y el lamentable estado de las fuentes documentales, a algunas
de las
cuales aún no hemos podido acceder. En conclusión, sumados todos los
nombres y
apellidos que la investigación viene proporcionando desde 2003, podemos
contar
con un listado de unas 330 personas, de las que 42 eran mujeres (casi
el 13%),
una cantidad altísima, de las mayores de la provincia e incluso del
suroeste,
que prueba el grado de deshumanización y barbarie de la oligarquía
local.
Así pues, de las cifras hemos pasado
a los nombres y el resultado, por ahora, es este. Sin embargo el
recurso (uso y
abuso) a las cifras, mientras más altas mejor, no cesa. Podríamos poner
ejemplos recientes y cercanos. De Badajoz se han llegado a dar cifras
fabulosas
que van de las 5.000 a las 15.000. Sin embargo los registros civiles
nos
ofrecen unos 1.400 nombres y proyecciones razonables nos llevarían a
una cifra
superior a las tres mil víctimas. También
en Mérida hay quien, sin pensarlo mucho, mantiene que fueron
entre tres
y cinco mil las víctimas, lo que de ser
cierto equivaldría a que acabaron con el 50% de la población activa.
Por lo
visto a algunos les parece poco que, en base a los más de 600 inscritos
en el
Registro Civil, la realidad pudiera acercarse a las 1.500. De seguir
esta línea,
que no escatima en ceros, concluiríamos que en la provincia debieron
morir 60 o
70.000 personas. Pero lo cierto es que esta tendencia a la exageración
es
general. En Andalucía se habló de 150.000 víctimas del terror fascista,
cifra
que con lo que se sabe, que es bastante, habrá que reducir a lo que es:
mera
propaganda. Y así podríamos seguir pueblo a pueblo. Luego viene la
investigación y pone las cosas en su sitio. Entonces los de las cifras
altas
callan y hay quien con cierta sorna comenta: “¡Ves como no eran
tantos!”. Porque
el resultado de las exageraciones es que luego, aunque lo que resulte
sea un
listado terrorífico con decenas de nombres, todo parece poco. Se dieron
a veces
cifras tan altas que luego las doscientas o trescientas víctimas
parecen una
minucia. Con su actitud, los que exageran desprecian la realidad de lo
ocurrido. Además, moverse con cifras carece de riesgo alguno: uno dice
esta,
otro dice aquella y ambos pueden aumentarlas o disminuirlas a capricho
cuando
les venga en gana. Si junto a cada unidad tuvieran que unir un nombre y
unos
apellidos seguro que la cosa cambiaba. El caso de Villafranca
Este sería también el caso de
Villafranca. Recientemente (21/10/2012) la Agrupación Local Socialista
celebró un acto público en el cementerio
en memoria de las víctimas de la represión franquista. En él intervino,
entre
otros, Ramón Ropero Mancera, alcalde de Villafranca, quien en un
momento dado,
como se pudo ver en la página web de la Agrupación, afirmó que en el
pueblo,
“según nuestros mayores y según los que sufrieron directamente en sus
carnes
esa barbaridad”, fueron asesinadas “más de setecientas personas”. Y a
continuación añadió: Según
Paco Espinosa 234 tenía él reconocidas en su libro. Después de esa
fecha él
mismo reconoce que están cerca de 400 las personas. Más de 400 tenemos
aquí
detrás [en la fosa a la que fueron trasladados los restos en los años
80].
Muchas sin nombre y apellidos porque no hemos sido capaces de saber
quiénes
eran, pero más de 400 aquí. Según nuestro querido y entrañable José
Antonio
Soler ya en su libro tenía recogidas casi 350 víctimas. Esta
exposición puede dar lugar a equívocos. Vayamos por partes. Los
setecientos y
los 330 que hemos consignado más arriba son cifras heterogéneas, una
pertenece
al terreno de lo que se habla y otra es la relación de nombres y
apellidos de
las personas asesinadas que por diferentes fuentes, empezando por los Libros de Defunciones del Registro Civil, nos
han ido llegando. Una remite a la opinión y otra a la investigación
histórica. Yo
no he reconocido en lugar alguno que fueron “cerca de 400”. En realidad
lo que
he mantenido tanto en La columna de la
muerte (p. 423) hace casi diez años, primera vez que esta
información se hizo
pública, como ahora en Masacre (p.
45) es que, pese a que los inscritos fueron 234, la realidad debió
rondar los
500. Y, no obstante, en la página 108 de esta última obra no dejé de
anotar
que, según algunos, la cantidad era superior a 700. En
cuanto a lo que dijeron “nuestros mayores y según quienes sufrieron
directamente en sus carnes aquella barbaridad”, es posible que en un
pueblo
pequeño la gente llevara la cuenta de quienes iban cayendo, pero en un
pueblo
de 15.000 habitantes esto es muy difícil por no decir imposible. La
gente
controlaba su calle, su barrio, pero no el pueblo en su totalidad. En
realidad
la cifra de “700” no es más que la plasmación en un número redondo del
terror
vivido. Vendría a significar que fueron muchas víctimas, más de las
cabe
imaginar. No quiere decir que realmente acabasen con 700 vidas sino que
lo
ocurrido fue tan terrible que fue como si tal cosa hubiese sido
posible. 700 es
el número en que alguna gente cifró el terror. Sin
embargo, a diferencia del profano, que no necesita justificar
documentalmente lo
que dice, las afirmaciones de un historiador deben sustentarse en algo
más que en
cifras y eso es lo que algunos hemos procurado hacer en nuestros
trabajos. En La columna de la muerte, al final del
listado de víctimas de Villafranca (p. 423), comenté un dato muy
importante
procedente del archivo municipal que parece haber pasado inadvertido. A
fines
de octubre de 1936 la Comandancia Militar de Llerena solicitó al
Ayuntamiento
que enviara “relación numérica de las fuerzas existentes en esta del
Ejército,
Falange, Guardia Civil, Milicias Nacionales, Guardia Cívica, Requeté,
Carabineros, etc.” y que remitiera también “relación del personal
muerto o
huido”. El Ayuntamiento respondió el 10 de noviembre de 1936 enviando
la
información solicitada sobre las fuerzas y detallando que “con
relación al personal civil de esta población han fachecido (sic)
trescientos diez y desaparecido ciento cuarenta y ocho”. Obsérvese,
porque
es importante, que es el Ayuntamiento quien responde.10
¿Por qué es importante la
información que se envía a Llerena con el dato de que entre el 9 de
agosto y
principios de noviembre, es decir en tres meses, han sido eliminadas
310
personas? Para empezar es importante porque es el único “informe
oficial” con
que contamos sobre la represión local. Detrás de ese oficio, que
reconoce
abiertamente la matanza realizada desde la ocupación, está la gestora
del
momento,11
nombrada por Julio Coloma Gallegos, uno de
los
militares que ocupó el pueblo, a cuyo frente colocó al antiguo brigada
de la
Legión José Muñoz Verjano, inspector del Instituto de Segunda Enseñanza
ubicado
en el antiguo colegio jesuita.12
El
hecho de que la Comandancia Militar de Llerena se dirigiera al
Ayuntamiento nos
indica algo: el ex brigada Muñoz Verjano, por su condición de militar,
debía de
ser, además de presidente de la gestora, comandante militar de
Villafranca, es
decir, el máximo responsable de la represión. De no haber sido Muñoz
comandante
militar esa solicitud de Llerena nunca hubiera llegado al Ayuntamiento,
ya que las
cuestiones relacionadas con las fuerzas militares o civiles al servicio
de los
sublevados o sobre las consecuencias del proceso represivo, no entraban
dentro
de las competencias del presidente de la gestora sino del comandante
militar.
Obsérvese que Muñoz está al frente de la gestora desde el 9 de agosto
hasta el
día 20 de noviembre y téngase en cuenta que, al contrario que otros
guardias
civiles o militares designados para dicho cargo apartándose por un
tiempo de las
columnas militares o desplazándose desde otro lugar, este vivía en el
pueblo y
conocía a la gente.
Por lo que sabemos hasta ahora los
meses más duros de la represión en el territorio ocupado por los
golpistas en
las primeras semanas –hablamos de más de la mitad del país– fueron
julio, agosto
y septiembre. Después la purga fue disminuyendo en intensidad a partir
de
octubre hasta que a fines de febrero de 1937 todas las personas
detenidas pasaron
a depender de la maquinaria judicial militar (los consejos de guerra)
puesta en
marcha. En medio hay un momento clave: aquel en que las columnas
fracasan en el
asalto a Madrid el 7 de noviembre de 1936 y la Alemania nazi y la
Italia
fascista se vuelcan con Franco. Y digo que es clave porque, si la
carnicería
que estaba teniendo lugar sorprendió a los nazis, los fascistas
llegaron a
presionar para que se guardaran ciertas formas.13
Así, antes de que cambiaran los mecanismos represivos y en ese lapsus
de tiempo
en que se pasó de la represión por bando de guerra a la de los consejos
de guerra,
es decir, entre octubre del 36 y febrero del 37, se produjeron algunas
matanzas
finales sonadas. En el caso de Villafranca esa matanza tuvo lugar el
día 1 de
diciembre. No sabemos el total de víctimas asesinadas dicho día pero 19
de
ellas llegaron a ser inscritas años después en el Juzgado.
No debe perderse de vista que lo que
cambió fue el mecanismo, ya que tanto en la fase de los bandos como en
la de
los consejos de guerra fue en todo momento la autoridad militar la que
controló
el proceso represivo, ya fuera mediante la Guardia Civil, en contacto
permanente con las comandancias militares y estas a su vez con las
Capitanías,
como a través de los propios militares y las oficinas jurídicas de los
Gobiernos Militares. Pocos asociarán en el pueblo el nombre de José
Muñoz
Verjano al cargo de comandante militar y, sin embargo, todo indica que
lo fue, lo
que, como decimos, equivale a decir que fue el máximo responsable de la
represión. ¿Actuó solo? No. Se sirvió sin duda de los ficheros
político-sociales de la Guardia Civil
y de las fuerzas vivas locales. Sin embargo, aunque siempre hubo
excepciones,
ni estas ni el ex legionario que presidía la gestora solían mezclarse
en las
tareas sucias. Para eso estaban los voluntarios que siempre surgen en
estas
ocasiones, algunos policías municipales y números de la Guardia Civil
y, sobre
todo, los grupos paramilitares: Falange y el Requeté. Sin embargo, la
percepción de la gente en aquella situación solo alcanzaba hasta este
nivel, el
de los ejecutores de órdenes, sin ver en ningún momento ni al que
tomaba las
decisiones ni mucho menos al selecto grupo de la oligarquía local que
lo
asesoraba. Llegar a percibir esto ha costado mucho tiempo y solo ha
podido
hacerse tras acceder a la documentación judicial militar, que es la que
ha
permitido conocer el mundo de los golpistas por dentro.14
Sabemos pues que hasta la primera
semana de noviembre fueron asesinadas 310 personas. Para el resto de
dicho mes
el Registro Civil recoge solamente un caso y para diciembre los 19
mencionados.
Obsérvese que corresponde exactamente con la etapa de Muñoz Verjano al
frente
de la gestora. Más tarde, entre enero y julio de 1937, hay siete casos
que aún
entrarían dentro del bando de guerra. También tenemos constancia de que
en esta
misma etapa cinco personas fueron
asesinadas en otros pueblos de la provincia y que, por sentencia de
consejo de
guerra, cayeron doce más. Si añadimos a estos los dos o tres casos de
vecinos
que acabaron sus vidas en los campos nazis tenemos cubierto todo el
panorama. Por
todo ello, por los nombres con que contamos, por el informe mencionado
y por lo
que sabemos que ocurrió en el suroeste es más que probable que las
personas
asesinadas se acerquen más a las 500 que a las 700. No cuadra para nada
con lo
que sabemos que entre noviembre del 36 y febrero del 37 en Villafranca
fueran
asesinadas 400 personas más. Máxime cuando no hay prueba alguna salvo
que la
cifra “ha sonado”.
Existen dos cuestiones muy difíciles
de aclarar en cualquier localidad: quién ejerció de comandante militar
en la
primera etapa de la represión salvaje y qué dimensión tuvo dicho
proceso. Lo
primero porque solía ser un guardia civil o un militar retirado que,
una vez
cumplida su misión, desaparecía de la localidad y lo segundo porque,
una vez
realizada la matanza, todo se encaminaba a ocultarla y negarla. Esas
anotaciones
del Registro de Correspondencia Entrada y Salida de Documentos resultan excepcionales, pues nos dan pistas de las dos
cuestiones clave: quién ocupaba el cargo de comandante militar y
cuántas
personas fueron asesinadas en la etapa más dura. Sobre todo si tenemos
en
cuenta que lo que queda de esos documentos que alguna vez formaron
parte del
archivo es únicamente dicha referencia. Sin duda hay que agradecer al
funcionario de turno que fuese tan explícito, ya que hubiera bastado
con decir:
“También se le han facilitado las cantidades de fallecidos y huidos que
solicitaba”. Final En
definitiva, ¿acaso parecen pocas 500 víctimas? Si calculamos la
represión en
torno a esta cantidad quedarían por descubrir unos 170 nombres, lo que
significa
que queda mucho trabajo por delante. Debo recordar que de acercarse a
la realidad
esta cantidad Villafranca ocuparía el cuarto lugar en la lista
represiva
provincial después de Badajoz, Mérida y Almendralejo. Sería el lugar
adecuado a
su población. Y encajaría con que en Badajoz fuesen luego inscritas
1.400 personas,
en Mérida 618, en Almendralejo 403 y en Villafranca 234. Lo que vendría
a
representar que en Badajoz fueron asesinadas más de 3.000 personas, en
Mérida
en torno a 1.300, en Almendralejo unas 700 y en Villafranca unas 500.
Digamos
que estas son proyecciones admisibles teniendo
en cuenta la experiencia que tenemos,
que nos dice que los no inscritos suelen representar entre un 30 y un
50% más
respecto a los inscritos. La
represión tenía una lógica que se veía corroborada por los efectos del
terror.
El mensaje era claro: los partidos políticos, los sindicatos, las
elecciones y
la libertad de pensamiento se habían acabado y nunca volverían. El
número de
afectados directos e indirectos fue muy amplio teniendo en cuenta todas
las
modalidades represivas y sin olvidar el castigo final: la emigración,
que
afectó muy duramente al pueblo. Es posible que estemos hablando de un
40% de la
población, lo que en el caso de Villafranca vendría a representar unas
seis mil
personas (de los 15.000 habitantes). Sería
ridículo y absurdo que el hecho de que unos mantengan que fueron más de
700 y
otros unos 500 pudiera parecer una lucha entre los que intentan poner
en evidencia
la dura realidad del fascismo en Villafranca y los que supuestamente
pretenden
rebajarla. Ha costado mucho tiempo y trabajo poner en pie los nombres
de las
personas asesinadas con que contamos hasta la fecha, como para que
ahora
resulte que los que nos movemos con nombres y tenemos en cuenta las
investigaciones realizadas podamos pasar por minimizadores u
ocultadores de la
masacre. Una de las funciones de los historiadores es desvelar las
mistificaciones de todo signo que se ciernen sobre el pasado, lo mismo
las de
aquellos que intentan ocultar los estragos del fascismo que las de
quienes
retuercen la realidad para ajustarla a sus deseos o a los del poder.
Igual me
da que sean los que llevan décadas manteniendo que el País Vasco sufrió
especialmente y más que nadie la represión franquista, lo que se ha
demostrado que
no solo es totalmente falso sino exactamente lo contrario a la
realidad, como
la de aquellos que, sin saber por dónde andan, mantienen que la mayor
fosa
común de Europa está en Valencia, donde, según ellos, el franquismo
habría
acabado con 25.000 personas.15
Y
de estos ejemplos pasamos a Villafranca: los datos con que contamos y
lo que
sabemos acerca de la represión indica que el número de víctimas debió
andar más
cerca de los 500 que de los 700. Esto no quiere decir ni que los
fascistas
fueran mejores ni que no hubo las víctimas que serían de suponer para
un pueblo
de ese tamaño. Al contrario, los 330 nombres (42 de mujeres) que se han
logrado
reunir y la previsible realidad de que aún desconozcamos cerca de 200
más, solo
demuestran que el salvaje golpe militar del 36 permitió a los sectores
antirrepublicanos
un ajuste de cuentas de tal calibre que nadie pudo imaginarlo. Sobre el
objetivo de la purga bastará con decir que el 70% de las víctimas eran
jornaleros. Recordemos,
además, que en Villafranca, al contrario que en otros pueblos, no
tenían ni
siquiera el pretexto de un derramamiento de sangre previo y que, como
ya se
demostró en Masacre, el intento de
violencia sobre los detenidos, que no se produjo el 7 sino el 5 de
agosto, fue
cortado de raíz con riesgo para su propia vida por los dirigentes
socialistas y
especialmente por el Presidente de la UGT José Molano Verdejo. Con la
terrible
represión que se desencadenó se estaban vengando los cinco años de
República y
mostrando de manera descarnada un odio de clase que, acallado antes a
base de
caciquismo y dictadura, se tornó preocupante para los sectores
privilegiados a partir
del 14 de abril de 1931 e insostenible tras las elecciones de 16 de
febrero de
1936. 1
Véanse las últimas cifras que se
manejan, basadas únicamente en víctimas identificadas, en Francisco
Espinosa
Maestre (Coord.), Violencia roja y azul.
España, 1936-1950, Crítica, 2010. Las víctimas causadas por la
violencia
revolucionaria han pasado de las 72.337 de Salas Larrazábal a 49.272,
cifra que
probablemente bajará más cuando se investiguen las provincias que
faltan, y las
víctimas del fascismo llevan camino de triplicarse, ya que las 57.808
de Salas
han ascendido a 130.199. El cambio se debe a las investigaciones de
todo tipo
realizadas pacientemente en los últimos treinta años.
La lentitud
de este proceso inacabado se debe a las dificultades que la
investigación de la
represión franquista ha tenido desde la transición. El llamado
“espíritu de la
transición”, en que reconciliación equivalía a olvido y memoria a
rencor, y el
conocido como “pacto del olvido” ofrecieron el respaldo necesario a
aquellos
que negaban todo acceso a documentos relacionados con “la guerra civil”
(golpe
militar, represión y dictadura). El clima existente propició, además,
la
destrucción de fondos muy importantes. 2
De las 86 localidades que
estudié en La columna de la muerte
esto ocurrió en Alconera, Almendral, Bienvenida, Burguillos del Cerro,
Calzadilla, Feria, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Higuera de
Vargas,
Higuera la Real, Hornachos, Medina de las Torres, Monesterio,
Montemolín,
Olivenza, La Parra, Puebla de Sancho Pérez, Salvatierra, Torre de
Miguel
Sesmero, Usagre, Valencia del Ventoso, Valverde de Burguillos y Zafra. 3
En realidad el primer
acercamiento a la represión a través del Registro Civil lo realizó
Sebastián
Merino Muriana en 1986 para un trabajo titulado “Mortalidad de la
Guerra Civil
en Villafranca de los Barros” (1987). Sin embargo, desgraciadamente, de
este
trabajo realizado para la Universidad y que no se publicó, no se tuvo
noticia
hasta mucho tiempo después. 4
Todos ellos se especifican en
las notas del listado de víctimas en Masacre. 5
Ante la posibilidad de duplicar casos y ante la
ausencia de nombres no cabe tener en cuenta los “11 enterramientos
anónimos” 6
Bordón Casimiro, José; Carrillo
Santos , Francisco; Jiménez García, Francisco; Lechón Lechón, Simón;
Merín
Luna, María Antonia; Ramírez Pérez, Antonio y Sánchez García, María. 7
Debe referirse al Proyecto de
Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (PREMHEx), cuyos
resultados
aún desconocemos. Todos estos nombres deben ser revisados. Isidro Arias
Peñalva
era un soldado de infantería natural de La Solana (Ciudad Real) que
murió en
acción de guerra; Ramón González Gómez está repetido; José Hernández
Morales y
Fermín Nieto Gómez fueron inscritos en el Juzgado a las pocas horas de
morir,
lo cual nos lleva a pensar que no se trata de represaliados sino de
fallecidos
en otras circunstancias; José Luis Rodríguez Rangel no es tal, sino
José Luis
Martínez Rangel, que ya consta en el listado, y Carmen Torres Rubio se
trata de
una niña de 8 años que perdió la vida en un accidente ocurrido en la
Carrera
Grande. O sea que si la mitad plantean problemas deben revisarse todos.
Otro
caso dudoso, aunque no procedente de la mencionada Asociación, es el de
Antonio
Parra Rodríguez, espartero de 57 años de la calle Rivera, fallecido por
sumersión e inscrito al día siguiente.
La propia
PREMHEx me confirma no les constan los nombres de Isidro Arias Peñalba,
Manuel
González Gragera y Manuel Romero Encina. Los demás nombres fueron
tomados por
tener relación con la guerra civil, no con la represión en Villafranca.
Resulta
sintomático que casos como los de José Bermúdez Labrador, José y
Antonio García
García o Emilio Rodríguez Tortonda, todos procedentes del Registro
Civil de
Villafranca, no fueran tenidos en cuenta ni por Sebastián Merino, ni
por Soler
ni por mí. Carrasco García hay uno llamado Diego pero no Pedro. Y la
niña
Carmen Torres Rubio fue considerada como víctima de la represión por
aparecer
en la causa de muerte las palabras “Muerte violenta”, sin tener en
cuenta que,
dada la edad, debieron pensar en la posibilidad de un accidente. 8
Once de los casos que Soler toma
de Casalá, cuya obra fue posterior a La
columna de la muerte, eran ya conocidos. Además le falta Florencio
Álvarez
Becerra, asesinado en 1938 tras pasar por consejo de guerra. Soler
además no
tuvo en cuenta que la obra de Casalá está cuestionada desde su
publicación por
sus fuentes y métodos. Pese a todo Soler tomó esos once casos ya
conocidos y
además incluyó dentro de las víctimas de Villafranca a José Calurano
Brazo,
natural del pueblo pero vecino de Higuera de Llerena, fallecido de
meningitis
basilar en la Prisión de Badajoz; a Antonio Gordillo Maestre, nacido en
Villafranca
pero vecino de Granja de Torrehermosa, asesinado en Badajoz tras pasar
por
consejo de guerra; Juan Lechón Ramos, también allí nacido pero vecino
de
Palomas, que murió de arteriosclerosis en la Prisión Provincial, y
Julio Ramos
Borrego, también de Villafranca pero vecino de Salvatierra, ejecutado
en
Badajoz tras pasar por consejo de guerra. 9
Ricardo Bonilla García fue
asesinado en el Madrid republicano; Mariano Flores Macías en el Frente
del
Este, y Antonio García Flores, Federico Núñez Delgado, Victoriano
Paloma
Fernández, Manuel Perera de Matos Soler y Rafael Rodríguez Ramírez,
bien por
parte golpista o a favor de la República murieron en acción de guerra.
Igual
habría que decir de Eduardo Pizarro Merchán, natural de Villagarcía y
asesinado
en Zafra. 10
La solicitud se encuentra en Archivo
Municipal de Villafranca, Correspondencia de Entrada, 30 de octubre de
1936,
Legajo 420, nº de orden 3241. El texto completo de la respuesta dice
literalmente: “Tengo el honor de adjuntarlo a V.S. relaciones remitadas
a esta
Alcaldía por fuerzas de Falange Española, Guardia Civil, Hospital
Militar y
Requeté relativo al número de personal y armamentos que poseen.
Actualmente ha
acampado en estas, tres compañías del Rgto. de Castilla, nº 3. Con
relación al
personal civil de esta población ha fachecido trescientos diez y
desaparecido
ciento cuarenta y ocho” (Archivo Municipal de Villafranca, Legajo 445,
Correspondencia
de Salida, 10 de noviembre de 1936, nº de orden 1366). 11
Como ya indiqué en su momento,
dado que con fecha de muerte en esos tres meses fueron inscritas en el
Juzgado
201 personas, esto significa que solo para ese período faltarían 109
personas
por inscribir (201+109=310). [12]
Componían la gestora, aparte de
Muñoz Verjano, José Bermejo Durán, Mariano García Asenjo, Ramón
Ceballos Solís,
Alfonso Mancera Alcaide, Diego Bélmez Castro, Joaquín García Carrillo,
Francisco Márquez Rubio y Javier Vargas Martínez. Bermejo y Vargas
dejaron de
ir a las pocas semanas (ver Espinosa, F., Masacre,
p. 105). 13
No hay que olvidar que, dejando
a un lado el holocausto, la represión efectuada por Franco supera con
creces
las realizadas por Hitler y Mussolini en sus respectivos países. Véase
la
“Presentación” realizada por Ángel Viñas para la obra, por el
coordinada, En el combate por la historia
(Pasado&Presente, Barcelona, 2012, p. 19-22). Sobre la opinión de
los
italianos véase Preston, P., Franco,
Grijalbo, Barcelona, 2002, pp. 256 y ss. En cuanto a los nazis bastará
recordar
lo que escribió el consejero militar nazi Roland E. Strunk en una de
sus
crónicas para el Völkischer
Beobachter, el
diario oficial nazi, en el sentido de que la marcha hacia Madrid se
estaba
haciendo “sobre montañas de cadáveres” (ver Espinosa, F., “Breve
historia de
una fotografía”, en rev. Cuadernos Republicanos
(en prensa). 14
Sobre esto puede verse Francisco
Espinosa y José Luis Ledesma, “La violencia y sus mitos”, en Ángel
Viñas
(Coord.), En el combate…, pp.
476-483. 15 Francisco
Espinosa Maestre, “Sobre la represión en el País Vasco”, en rev. Historia Social nº 63, 2009, pp. 59-75,
y “El increíble caso de las fosas de Valencia”, en rev. Pasajes,
nº 35, 2011, pp. 115-121.
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