El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villafranca acogió en el día de ayer la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de julio. En esta ocasión, la sesión comenzó con la lectura de un manifiesto institucional que transmitía la solidaridad con el pueblo palestino, y se reclamaba la paz y el alto el fuego entre Israel y Palestina. Tras la dación de cuentas de los decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria ordinaria, del informe de intervención sobre el seguimiento del plan de saneamiento de 2009, liquidación 2013 y del informe de evaluación de la ejecución presupuestaria, análisis de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla del gasto del segundo trimestre, se pasó a la aprobación de la adaptación de los estatutos de la

Mancomunidad Tierra de Barros-Río Matachel a la de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, con el voto a favor del PSOE y la concejala no adscrita Anabel Mayo, y la abstención de Ciudadanos de Villafranca y el Partido Popular. Tras este punto, se pasó a votar la aprobación definitiva del reglamento del servicio público de distribución y abastecimiento de agua potable de Villafranca, con el voto a favor del PSOE, el PP y la concejala no adscrita, Anabel Mayo, y el voto en contra de Ciudadanos de Villafranca. El Partido Popular valoró de manera positiva que se hayan tenido en cuenta las enmiendas presentadas por esta agrupación, aunque calificó de “chapuza” el procedimiento seguido. Ciudadanos de Villafranca justificaron su voto en contra alegando que el agua, como un bien público, debe ser llevado por un organismo público.
 
Seguidamente, se dio paso a la aprobación por unanimidad de la prórroga del programa de ejecución de la UE-10 del suelo urbano y modificación de la ordenación del uso industrial de la misma por el uso de almacenaje vinculado al sector agroganadero, al igual que el siguiente punto del orden del día: la aprobación definitiva del estudio de detalle del solar en la Calle Vara SN – Calle Almendros con propuesta de parcelación de tres fincas agrupadas.
 
También fue aprobado por unanimidad del presupuesto general del organismo público Centro Especial de Empleo, que contará con 35 mil euros.
 
Posteriormente se dio paso a la toma de conocimiento de la escisión de Acciona Agua Servicios S.L.U.
 
El punto que generó más debate en la sesión plenaria del 28 de julio fue una moción presentada por el grupo municipal socialista para instar al Gobierno de la Junta de Extremadura a la modificación del decreto de la Red de Teatro de Extremadura. La moción fue aprobada con el voto a favor de la agrupación municipal socialista, la concejala no adscrita y Ciudadanos de Villafranca y el voto en contra del Partido Popular.   

Miriam García Cabezas, concejala de cultura, intervenía en esta moción asegurando que el nuevo decreto de la red de teatros creada por el Gobierno extremeño (cuando hace 30 años que se fundó en nuestra región, según la concejala), “complica trámites burocráticos, conlleva el adelanto de la financiación por parte de los ayuntamientos, exige adecuación de las instalaciones según criterios ya fijados, contradice las competencias que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local otorga a los ayuntamientos, y en definitiva, pone trabas para la contratación de compañías y hace peligrar la propia red de teatro de Extremadura”. Es por ello, que desde el grupo municipal socialista se presentó su aprobación por el pleno varios acuerdos, como son modificar el decreto por el que se crea la Red de Teatro de Extremadura, eliminar del citado decreto la exigencia de adelanto del pago íntegro del coste total de los espectáculos por parte de los Ayuntamiento, firmar convenios con Ayuntamientos interesados en formar parte de la red de teatro, de modo que no sea preciso el pago adelantado del coste del espectáculo para poder recibir las ayudas de la programación, sacar ayudas públicas para la adaptación de los espacios escénicos que deseen pertenecer a la red de teatro, además de pedir la posibilidad de que exista una carencia de 4 años para adaptar los espacios escénicos. En definitiva, que todos los ciudadanos tengamos acceso a la cultura, y apoyar al sector cultural.
 
Manuel Piñero respondía que se trata de un decreto consensuado con todos los sectores implicados y que se había constituido una mesa de las artes escénicas constituidas para la elaboración de este decreto. El anterior gobierno no llevó a la aprobación del consejo de Gobierno este decreto por falta de tiempo. Durante el cambio de gobierno, con la crisis ya latente, se trabajó sobre este borrador decreto y se suavizaron las condiciones impuestas a los ayuntamientos, según Piñero. Con la nueva regulación, afirma, “No se pone en riesgo la Red de Teatros, sino que se evita los malos usos” y asegura una oferta cultural de calidad. “El Partido Popular apuesta por la cultura”, sentenciaba, y hablaba del bono cultural.
 
Para Miriam García Cabezas, ese borrador no fue aprobado, no por falta de tiempo, sino porque se consideró que sus medidas podían ser perjudiciales para el engrandecimiento de la cultura y el acceso igualitario de los ciudadanos a la misma. Proponía otras alternativas a la ley de subvenciones, que exige el pago íntegro de los ayuntamientos por adelantado, como son la firma de convenios o establecer una central de compras. Afirmaba, entre otras cosas, que los premios CERES han supuesto un gran gasto a los ciudadanos, algo que ha afectado al acceso a la cultura de los ciudadanos, pues algunas obras de teatro han sido canceladas en Extremadura a raíz de la celebración de dichos premios. En definitiva, para García Cabezas, la política del Partido Popular perjudica el libro acceso a la cultura de los ciudadanos.
 
Piñero respondía que todos los gobiernos, incluidos los socialistas y el Ayuntamiento de Villafranca, han disminuido el presupuesto en cultura. “Ustedes gastaban, y luego no pagaban, y pagaban los que venían detrás”, afirmaba.
 
El Alcalde, Ramón Ropero, afirmaba que el decreto no fue aprobado por ser malo para los ayuntamientos, al igual que el que existe en la actualidad, y hacía referencia al IVA cultural. Finalizó este debate afirmando que sería bueno para los ayuntamientos que el Gobierno rectificara este decreto, pues para él “es una barbaridad” que el Ayuntamiento tenga que adelantar ese dinero de la contratación de teatros.
 
Finalmente se dio paso al turno de ruegos y preguntas. El portavoz del grupo popular preguntó en primer lugar cuáles son las condiciones y el precio acordado con el canal de TDT por el que la televisión municipal está emitiendo, y por qué ese contrato no ha sido sometido a la reunión del consejo sectorial de los medios de comunicación, entre otras preguntas. El Alcalde contestaba a la primera pregunta del grupo sobre la emisión a través del canal 54. Se trata de un contrato de un año de duración, por el que Villafranca TV obtiene una hora de emisión por el pago de 1000 euros al mes.
 
La portavoz de Ciudadanos de Villafranca, Marifé Gaspar pedía explicaciones acerca de las obras que se están realizando en el antiguo Centro de Salud, a lo que el Alcalde respondió que se trataba de construir aulas para cursos de carácter público. También preguntaba por el WIFI público, así como el motivo de la instalación, el presupuesto y el por qué del desmontaje de las cámaras de seguridad en la Casa de Cultura, entre otras cuestiones.