Hasta ahora no habíamos escuchado al Alcalde pronunciarse respecto a
esta sentencia, y ha sido en este Pleno dónde ha expresado su parecer y
opinión, tras una larga exposición del portavoz de CV, Pedro Sánchez,
manifestaba que la sentencia señala que “hubo delito y hubo agresión”,
y que la acata porque cree “en la democracia y confía en las
instituciones”, y además, apuntaba también que renuncia a su legítimo
derecho a recurrir, porque antepone el interés del pueblo de
Villafranca, al suyo, porque “Villafranca se merece estar fuera de la
confrontación”. Señalaba también Ramón Ropero que sigue manteniendo su
apoyo a la refinería “porque es bueno para los intereses de
Villafranca”, pero remarcaba que respeta la opinión contraria al
proyecto. Argumentaba también que no tiene que pedir disculpas, son,
dijo “los que cometieron el delito, los que tienen que pedir disculpas”.
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El sector público en nuestro país nace en 1941 con la
creación del Instituto Nacional de Industria (INI); no obstante,
durante la dictadura de Primo de Rivera existen ya algunas empresas
públicas. El marco en el que funcionaba la economía española durante la
dictadura franquista, era de un fuerte proteccionismo y escasa
competencia, en estas condiciones el sector público empresarial cuya
actividad se extendía a la siderurgia, a lo naval (astilleros), a las
telecomunicaciones y a la energía se desenvolvía relativamente bien.
El INI fue uno de los ejes en los que se apoyó la política autárquica
durante la dictadura, si bien como consecuencia de las crisis para
paliar sus efectos derivó más hacia un comportamiento de hospital de
empresas.
Antes de la crisis del petróleo del año 73, todas las empresas de
energía buscaban un tamaño suficiente para abordar sus proyectos de
inversión en las mejores condiciones posibles. Muchas de las empresas
gasistas, eléctricas y petroleras de esta época eran de propiedad
pública y casi todas configuraban unos sectores energéticos de ámbito
nacional, con estructura monopolística u oligopolística. En esta
época los gobiernos regulaban su funcionamiento mediante el
establecimiento de tarifas. El nivel de las tarifas se fijaba con
criterios políticos, debía mantener un adecuado equilibrio entre los
intereses de los consumidores y el de los accionistas. Las crisis del
petróleo de finales de los 70 y principio de los 80 condujo a la
liberalización de los precios del petróleo y a la consolidación de la
Organización de los Países Productores de Petróleo(OPEP) como “cártel
de oferta” en una economía global. El coste de la
energía pasó a ser una prioridad en la agenda política,
surgiendo como respuesta nuevas formas de regulación más preocupadas
por los incentivos a la eficiencia que por la estricta cobertura de los
costes incurridos. Esta nueva forma de regulación, consistía en un
mecanismo de control de precios que incentivaba la eficiencia de las
empresas con el objetivo último de minimizar el precio de la energía
para los consumidores finales.
AGRUPACION LOCAL DEL PSOE DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS
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El sector público en nuestro país nace en 1941 con la
creación del Instituto Nacional de Industria (INI); no obstante,
durante la dictadura de Primo de Rivera existen ya algunas empresas
públicas. El marco en el que funcionaba la economía española durante la
dictadura franquista, era de un fuerte proteccionismo y escasa
competencia, en estas condiciones el sector público empresarial cuya
actividad se extendía a la siderurgia, a lo naval (astilleros), a las
telecomunicaciones y a la energía se desenvolvía relativamente bien.
