La obsesión por las cifras

            El franquismo siempre tuvo claro que el debate sobre la represión nunca debía de salir del ámbito numérico. Su objetivo siempre fue minimizar la represión propia y magnificar la ajena. En este sentido el propio Franco, en plena guerra, llegó a decir públicamente barbaridades tales como que los rojos habían acabado con la vida de 470.000 personas. No sabemos qué cara puso cuando poco después el Ministerio de Justicia, basándose en ese gran proceso abierto a la República que se llamó Causa General, rebajó la cifra a 85.940. Por su parte estudiosos extranjeros como Hugh Thomas o Gabriel Jackson aportaron, ya en los años sesenta, otras cifras aproximadas que permitieron un acercamiento más real al problema. Lo que pasaba es que estos libros, en general publicados en París por Ruedo Ibérico, estaban prohibidos en España. La dictadura previó con razón lo que ocurriría con su fin: su gran secreto, la matanza fundacional, se abriría inevitablemente a la investigación y se perdería el control sobre una cuestión tan sensible y clave. Quizás por eso poco después de morir el dictador vio la luz una obra titulada Pérdidas de guerra, del general Ramón Salas Larrazábal. Este bajaba un poco más la cifra de las víctimas causadas por los rojos, 72.337, pero por primera vez admitía que los franquistas habían acabado con la vida de 57.808 personas. Se trataba de que lo fundamental de la leyenda permaneciera, aunque ya un poco adaptada al que sería el mensaje de la transición: todos fueron iguales, pero los peores los rojos. Por el mismo tiempo en que el general publicaba este libro, en 1977, daba comienzo un proceso de investigación, que aún hoy dura y que ha dado la vuelta a toda la propaganda que venía de la dictadura.1

            La gran diferencia con lo anterior es que a partir de la transición el debate no  tomó por base las cifras sino los nombres y apellidos de las víctimas. La primera fuente fueron los Libros de Defunciones de los Registros Civiles. En las zonas de España en las que, por ser ocupadas a partir de los primeros meses de 1937, la represión se canalizó por los consejos de guerra esta documentación resultaba primordial, ya que el último requisito en casos de pena de muerte era el envío de un oficio al Juzgado comunicando el hecho. Sin embargo en los territorios donde triunfó el golpe en poco tiempo y se funcionó a base de los ilegales bandos de guerra no se comunicó nada a juzgado alguno, sino que, pasada la etapa más dura de la represión y dados los múltiples problemas burocráticos que la situación había creado, se abrió una puerta falsa (el decreto 67 de 10 de noviembre de 1936) para que los familiares, tras superar un montón de requisitos, pudieran inscribir a sus muertos. La casuística es muy amplia. Hubo pueblos donde alguna autoridad ordenó la inscripción en bloque de todas o la mayor parte de las personas asesinadas (lo que no siempre se comunicó a los familiares)2 y hubo otros, la mayoría, entre los que podía citarse Villafranca, en que el proceso de inscripción se prolongó durante décadas sin llegar nunca a completarse.

            En cualquier caso, con todas sus limitaciones, la información procedente de los Registros es muy importante y constituye la base de cualquier investigación sobre la represión. En el caso de Villafranca llegaron a inscribirse desde entonces hasta finales de los años ochenta 234 personas. Por lo investigado, el nivel de ocultación, es decir, el porcentaje de no inscritos, es similar al de otros pueblos de la misma entidad en que el proceso de inscripción se produjo de forma parecida. Fueron esos 234 nombres, más los  doce ejecutados posteriormente en Badajoz (11) y Mérida (1) tras pasar por consejo de guerra, más varios casos de personas asesinadas en pueblos de Badajoz y algún otro procedente de testimonio oral, en total unos 250 casos, los que incluí en La columna de la muerte (Crítica, 2003).3

Recientemente, con motivo de la publicación de mi trabajo Masacre. La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945) (Aconcagua, 2011) este listado de nombres y apellidos se amplió en unos veinte casos más.4 Esto fue posible gracias al intercambio de información y a la colaboración con la periodista María del Espino Núñez, cuyo trabajo Entrañas de una guerra (Edición de la Autora, 2011), con entrevistas a gente que de un modo u otro quedaron marcados por aquellos hechos, vio la luz al mismo tiempo que el mío. El capítulo dedicado a la maestra doña Catalina Rivera Recio, asesinada y condenada al olvido más absoluto, constituye la mejor prueba de esa colaboración. Quiere decir esto que hasta abril de 2011, en que se presentaron ambos libros en la Casa de la Cultura, el número de víctimas con nombre y apellidos estaba en torno a las 270.

            A fines de ese año 2011 se publicó la obra póstuma de José Antonio Soler De entre los pliegues de la memoria (Edición del Autor, 2011), un recorrido por la historia de Villafranca desde la República al final del primer franquismo pasando por el golpe militar. Respecto al tema que nos ocupa hay que destacar su aportación fundamentalmente en lo referente a los fondos municipales, que por diferentes conceptos (quintas, cementerio, exhumaciones, etc.) le permitieron aportar 48 casos antes no conocidos (según su clasificación, 20 del Archivo Municipal, 19 de Exhumaciones y 9 de Cementerio).5 Además, basándose en  testimonios orales, ofreció 7 nombres nuevos (los demás ya se conocían), con lo que tendríamos 55, que más dos del Registro Civil antes no contabilizados darían un total de 57 nombres. Otros casos incluidos en el listado de Soler deben ser puestos en cuarentena cuando no eliminados. Serían, aparte de nombres que parecen repetidos6, los datos proporcionados por la Asociación Memoria Histórica de Extremadura7, por el libro de Gutiérrez Casalá8 o los que quedan fuera del objeto de estudio9. En total serían 63. Dicho esto hay que añadir de inmediato que lo importante es destacar la aportación de esos 57 nombres. De hecho, todos los que hemos investigado estas cuestiones no solo hemos tenido alguna vez errores semejantes sino que somos plenamente conscientes de la cantidad de dificultades objetivas que presentan, dada la voluntad de ocultar la matanza que caracterizó a la dictadura y el lamentable estado de las fuentes documentales, a algunas de las cuales aún no hemos podido acceder. En conclusión, sumados todos los nombres y apellidos que la investigación viene proporcionando desde 2003, podemos contar con un listado de unas 330 personas, de las que 42 eran mujeres (casi el 13%), una cantidad altísima, de las mayores de la provincia e incluso del suroeste, que prueba el grado de deshumanización y barbarie de la oligarquía local.

            Así pues, de las cifras hemos pasado a los nombres y el resultado, por ahora, es este. Sin embargo el recurso (uso y abuso) a las cifras, mientras más altas mejor, no cesa. Podríamos poner ejemplos recientes y cercanos. De Badajoz se han llegado a dar cifras fabulosas que van de las 5.000 a las 15.000. Sin embargo los registros civiles nos ofrecen unos 1.400 nombres y proyecciones razonables nos llevarían a una cifra superior a las tres mil víctimas. También  en Mérida hay quien, sin pensarlo mucho, mantiene que fueron entre tres y cinco  mil las víctimas, lo que de ser cierto equivaldría a que acabaron con el 50% de la población activa. Por lo visto a algunos les parece poco que, en base a los más de 600 inscritos en el Registro Civil, la realidad pudiera acercarse a las 1.500. De seguir esta línea, que no escatima en ceros, concluiríamos que en la provincia debieron morir 60 o 70.000 personas. Pero lo cierto es que esta tendencia a la exageración es general. En Andalucía se habló de 150.000 víctimas del terror fascista, cifra que con lo que se sabe, que es bastante, habrá que reducir a lo que es: mera propaganda. Y así podríamos seguir pueblo a pueblo. Luego viene la investigación y pone las cosas en su sitio. Entonces los de las cifras altas callan y hay quien con cierta sorna comenta: “¡Ves como no eran tantos!”. Porque el resultado de las exageraciones es que luego, aunque lo que resulte sea un listado terrorífico con decenas de nombres, todo parece poco. Se dieron a veces cifras tan altas que luego las doscientas o trescientas víctimas parecen una minucia. Con su actitud, los que exageran desprecian la realidad de lo ocurrido. Además, moverse con cifras carece de riesgo alguno: uno dice esta, otro dice aquella y ambos pueden aumentarlas o disminuirlas a capricho cuando les venga en gana. Si junto a cada unidad tuvieran que unir un nombre y unos apellidos seguro que la cosa cambiaba.

El caso de Villafranca

            Este sería también el caso de Villafranca. Recientemente (21/10/2012) la Agrupación Local Socialista celebró  un acto público en el cementerio en memoria de las víctimas de la represión franquista. En él intervino, entre otros, Ramón Ropero Mancera, alcalde de Villafranca, quien en un momento dado, como se pudo ver en la página web de la Agrupación, afirmó que en el pueblo, “según nuestros mayores y según los que sufrieron directamente en sus carnes esa barbaridad”, fueron asesinadas “más de setecientas personas”. Y a continuación añadió:

Según Paco Espinosa 234 tenía él reconocidas en su libro. Después de esa fecha él mismo reconoce que están cerca de 400 las personas. Más de 400 tenemos aquí detrás [en la fosa a la que fueron trasladados los restos en los años 80]. Muchas sin nombre y apellidos porque no hemos sido capaces de saber quiénes eran, pero más de 400 aquí. Según nuestro querido y entrañable José Antonio Soler ya en su libro tenía recogidas casi 350 víctimas.

Esta exposición puede dar lugar a equívocos. Vayamos por partes. Los setecientos y los 330 que hemos consignado más arriba son cifras heterogéneas, una pertenece al terreno de lo que se habla y otra es la relación de nombres y apellidos de las personas asesinadas que por diferentes fuentes, empezando por los  Libros de Defunciones del Registro Civil, nos han ido llegando. Una remite a la opinión y otra a la investigación histórica. Yo no he reconocido en lugar alguno que fueron “cerca de 400”. En realidad lo que he mantenido tanto en La columna de la muerte (p. 423) hace casi diez años, primera vez que esta información se hizo pública, como ahora en Masacre (p. 45) es que, pese a que los inscritos fueron 234, la realidad debió rondar los 500. Y, no obstante, en la página 108 de esta última obra no dejé de anotar que, según algunos, la cantidad era superior a 700.

En cuanto a lo que dijeron “nuestros mayores y según quienes sufrieron directamente en sus carnes aquella barbaridad”, es posible que en un pueblo pequeño la gente llevara la cuenta de quienes iban cayendo, pero en un pueblo de 15.000 habitantes esto es muy difícil por no decir imposible. La gente controlaba su calle, su barrio, pero no el pueblo en su totalidad. En realidad la cifra de “700” no es más que la plasmación en un número redondo del terror vivido. Vendría a significar que fueron muchas víctimas, más de las cabe imaginar. No quiere decir que realmente acabasen con 700 vidas sino que lo ocurrido fue tan terrible que fue como si tal cosa hubiese sido posible. 700 es el número en que alguna gente cifró el terror.

Sin embargo, a diferencia del profano, que no necesita justificar documentalmente lo que dice, las afirmaciones de un historiador deben sustentarse en algo más que en cifras y eso es lo que algunos hemos procurado hacer en nuestros trabajos. En La columna de la muerte, al final del listado de víctimas de Villafranca (p. 423), comenté un dato muy importante procedente del archivo municipal que parece haber pasado inadvertido. A fines de octubre de 1936 la Comandancia Militar de Llerena solicitó al Ayuntamiento que enviara “relación numérica de las fuerzas existentes en esta del Ejército, Falange, Guardia Civil, Milicias Nacionales, Guardia Cívica, Requeté, Carabineros, etc.” y que remitiera también “relación del personal muerto o huido”. El Ayuntamiento respondió el 10 de noviembre de 1936 enviando la información solicitada sobre las fuerzas y detallando que “con relación al personal civil de esta población han fachecido (sic) trescientos diez y desaparecido ciento cuarenta y ocho”. Obsérvese, porque es importante, que es el Ayuntamiento quien responde.10

            ¿Por qué es importante la información que se envía a Llerena con el dato de que entre el 9 de agosto y principios de noviembre, es decir en tres meses, han sido eliminadas 310 personas? Para empezar es importante porque es el único “informe oficial” con que contamos sobre la represión local. Detrás de ese oficio, que reconoce abiertamente la matanza realizada desde la ocupación, está la gestora del momento,11  nombrada por Julio Coloma Gallegos, uno de los militares que ocupó el pueblo, a cuyo frente colocó al antiguo brigada de la Legión José Muñoz Verjano, inspector del Instituto de Segunda Enseñanza ubicado en el antiguo colegio jesuita.12

El hecho de que la Comandancia Militar de Llerena se dirigiera al Ayuntamiento nos indica algo: el ex brigada Muñoz Verjano, por su condición de militar, debía de ser, además de presidente de la gestora, comandante militar de Villafranca, es decir, el máximo responsable de la represión. De no haber sido Muñoz comandante militar esa solicitud de Llerena nunca hubiera llegado al Ayuntamiento, ya que las cuestiones relacionadas con las fuerzas militares o civiles al servicio de los sublevados o sobre las consecuencias del proceso represivo, no entraban dentro de las competencias del presidente de la gestora sino del comandante militar. Obsérvese que Muñoz está al frente de la gestora desde el 9 de agosto hasta el día 20 de noviembre y téngase en cuenta que, al contrario que otros guardias civiles o militares designados para dicho cargo apartándose por un tiempo de las columnas militares o desplazándose desde otro lugar, este vivía en el pueblo y conocía a la gente.

            Por lo que sabemos hasta ahora los meses más duros de la represión en el territorio ocupado por los golpistas en las primeras semanas –hablamos de más de la mitad del país– fueron julio, agosto y septiembre. Después la purga fue disminuyendo en intensidad a partir de octubre hasta que a fines de febrero de 1937 todas las personas detenidas pasaron a depender de la maquinaria judicial militar (los consejos de guerra) puesta en marcha. En medio hay un momento clave: aquel en que las columnas fracasan en el asalto a Madrid el 7 de noviembre de 1936 y la Alemania nazi y la Italia fascista se vuelcan con Franco. Y digo que es clave porque, si la carnicería que estaba teniendo lugar sorprendió a los nazis, los fascistas llegaron a presionar para que se guardaran ciertas formas.13 Así, antes de que cambiaran los mecanismos represivos y en ese lapsus de tiempo en que se pasó de la represión por bando de guerra a la de los consejos de guerra, es decir, entre octubre del 36 y febrero del 37, se produjeron algunas matanzas finales sonadas. En el caso de Villafranca esa matanza tuvo lugar el día 1 de diciembre. No sabemos el total de víctimas asesinadas dicho día pero 19 de ellas llegaron a ser inscritas años después en el Juzgado.

            No debe perderse de vista que lo que cambió fue el mecanismo, ya que tanto en la fase de los bandos como en la de los consejos de guerra fue en todo momento la autoridad militar la que controló el proceso represivo, ya fuera mediante la Guardia Civil, en contacto permanente con las comandancias militares y estas a su vez con las Capitanías, como a través de los propios militares y las oficinas jurídicas de los Gobiernos Militares. Pocos asociarán en el pueblo el nombre de José Muñoz Verjano al cargo de comandante militar y, sin embargo, todo indica que lo fue, lo que, como decimos, equivale a decir que fue el máximo responsable de la represión. ¿Actuó solo? No. Se sirvió sin duda de los  ficheros político-sociales de la Guardia Civil y de las fuerzas vivas locales. Sin embargo, aunque siempre hubo excepciones, ni estas ni el ex legionario que presidía la gestora solían mezclarse en las tareas sucias. Para eso estaban los voluntarios que siempre surgen en estas ocasiones, algunos policías municipales y números de la Guardia Civil y, sobre todo, los grupos paramilitares: Falange y el Requeté. Sin embargo, la percepción de la gente en aquella situación solo alcanzaba hasta este nivel, el de los ejecutores de órdenes, sin ver en ningún momento ni al que tomaba las decisiones ni mucho menos al selecto grupo de la oligarquía local que lo asesoraba. Llegar a percibir esto ha costado mucho tiempo y solo ha podido hacerse tras acceder a la documentación judicial militar, que es la que ha permitido conocer el mundo de los golpistas por dentro.14

            Sabemos pues que hasta la primera semana de noviembre fueron asesinadas 310 personas. Para el resto de dicho mes el Registro Civil recoge solamente un caso y para diciembre los 19 mencionados. Obsérvese que corresponde exactamente con la etapa de Muñoz Verjano al frente de la gestora. Más tarde, entre enero y julio de 1937, hay siete casos que aún entrarían dentro del bando de guerra. También tenemos constancia de que en esta misma etapa cinco personas  fueron asesinadas en otros pueblos de la provincia y que, por sentencia de consejo de guerra, cayeron doce más. Si añadimos a estos los dos o tres casos de vecinos que acabaron sus vidas en los campos nazis tenemos cubierto todo el panorama. Por todo ello, por los nombres con que contamos, por el informe mencionado y por lo que sabemos que ocurrió en el suroeste es más que probable que las personas asesinadas se acerquen más a las 500 que a las 700. No cuadra para nada con lo que sabemos que entre noviembre del 36 y febrero del 37 en Villafranca fueran asesinadas 400 personas más. Máxime cuando no hay prueba alguna salvo que la cifra “ha sonado”.

            Existen dos cuestiones muy difíciles de aclarar en cualquier localidad: quién ejerció de comandante militar en la primera etapa de la represión salvaje y qué dimensión tuvo dicho proceso. Lo primero porque solía ser un guardia civil o un militar retirado que, una vez cumplida su misión, desaparecía de la localidad y lo segundo porque, una vez realizada la matanza, todo se encaminaba a ocultarla y negarla. Esas anotaciones del Registro de Correspondencia Entrada y Salida de Documentos resultan  excepcionales, pues nos dan pistas de las dos cuestiones clave: quién ocupaba el cargo de comandante militar y cuántas personas fueron asesinadas en la etapa más dura. Sobre todo si tenemos en cuenta que lo que queda de esos documentos que alguna vez formaron parte del archivo es únicamente dicha referencia. Sin duda hay que agradecer al funcionario de turno que fuese tan explícito, ya que hubiera bastado con decir: “También se le han facilitado las cantidades de fallecidos y huidos que solicitaba”.

Final

En definitiva, ¿acaso parecen pocas 500 víctimas? Si calculamos la represión en torno a esta cantidad quedarían por descubrir unos 170 nombres, lo que significa que queda mucho trabajo por delante. Debo recordar que de acercarse a la realidad esta cantidad Villafranca ocuparía el cuarto lugar en la lista represiva provincial después de Badajoz, Mérida y Almendralejo. Sería el lugar adecuado a su población. Y encajaría con que en Badajoz fuesen luego inscritas 1.400 personas, en Mérida 618, en Almendralejo 403 y en Villafranca 234. Lo que vendría a representar que en Badajoz fueron asesinadas más de 3.000 personas, en Mérida en torno a 1.300, en Almendralejo unas 700 y en Villafranca unas 500. Digamos que estas son proyecciones admisibles  teniendo en cuenta la experiencia que tenemos, que nos dice que los no inscritos suelen representar entre un 30 y un 50% más respecto a los inscritos.

La represión tenía una lógica que se veía corroborada por los efectos del terror. El mensaje era claro: los partidos políticos, los sindicatos, las elecciones y la libertad de pensamiento se habían acabado y nunca volverían. El número de afectados directos e indirectos fue muy amplio teniendo en cuenta todas las modalidades represivas y sin olvidar el castigo final: la emigración, que afectó muy duramente al pueblo. Es posible que estemos hablando de un 40% de la población, lo que en el caso de Villafranca vendría a representar unas seis mil personas (de los 15.000 habitantes).

Sería ridículo y absurdo que el hecho de que unos mantengan que fueron más de 700 y otros unos 500 pudiera parecer una lucha entre los que intentan poner en evidencia la dura realidad del fascismo en Villafranca y los que supuestamente pretenden rebajarla. Ha costado mucho tiempo y trabajo poner en pie los nombres de las personas asesinadas con que contamos hasta la fecha, como para que ahora resulte que los que nos movemos con nombres y tenemos en cuenta las investigaciones realizadas podamos pasar por minimizadores u ocultadores de la masacre. Una de las funciones de los historiadores es desvelar las mistificaciones de todo signo que se ciernen sobre el pasado, lo mismo las de aquellos que intentan ocultar los estragos del fascismo que las de quienes retuercen la realidad para ajustarla a sus deseos o a los del poder. Igual me da que sean los que llevan décadas manteniendo que el País Vasco sufrió especialmente y más que nadie la represión franquista, lo que se ha demostrado que no solo es totalmente falso sino exactamente lo contrario a la realidad, como la de aquellos que, sin saber por dónde andan, mantienen que la mayor fosa común de Europa está en Valencia, donde, según ellos, el franquismo habría acabado con 25.000 personas.15

Y de estos ejemplos pasamos a Villafranca: los datos con que contamos y lo que sabemos acerca de la represión indica que el número de víctimas debió andar más cerca de los 500 que de los 700. Esto no quiere decir ni que los fascistas fueran mejores ni que no hubo las víctimas que serían de suponer para un pueblo de ese tamaño. Al contrario, los 330 nombres (42 de mujeres) que se han logrado reunir y la previsible realidad de que aún desconozcamos cerca de 200 más, solo demuestran que el salvaje golpe militar del 36 permitió a los sectores antirrepublicanos un ajuste de cuentas de tal calibre que nadie pudo imaginarlo. Sobre el objetivo de la purga bastará con decir que el 70% de las víctimas eran jornaleros.

Recordemos, además, que en Villafranca, al contrario que en otros pueblos, no tenían ni siquiera el pretexto de un derramamiento de sangre previo y que, como ya se demostró en Masacre, el intento de violencia sobre los detenidos, que no se produjo el 7 sino el 5 de agosto, fue cortado de raíz con riesgo para su propia vida por los dirigentes socialistas y especialmente por el Presidente de la UGT José Molano Verdejo. Con la terrible represión que se desencadenó se estaban vengando los cinco años de República y mostrando de manera descarnada un odio de clase que, acallado antes a base de caciquismo y dictadura, se tornó preocupante para los sectores privilegiados a partir del 14 de abril de 1931 e insostenible tras las elecciones de 16 de febrero de 1936.