La obsesión por las cifras

            El franquismo siempre tuvo claro que el debate sobre la represión nunca debía de salir del ámbito numérico. Su objetivo siempre fue minimizar la represión propia y magnificar la ajena. En este sentido el propio Franco, en plena guerra, llegó a decir públicamente barbaridades tales como que los rojos habían acabado con la vida de 470.000 personas. No sabemos qué cara puso cuando poco después el Ministerio de Justicia, basándose en ese gran proceso abierto a la República que se llamó Causa General, rebajó la cifra a 85.940. Por su parte estudiosos extranjeros como Hugh Thomas o Gabriel Jackson aportaron, ya en los años sesenta, otras cifras aproximadas que permitieron un acercamiento más real al problema. Lo que pasaba es que estos libros, en general publicados en París por Ruedo Ibérico, estaban prohibidos en España. La dictadura previó con razón lo que ocurriría con su fin: su gran secreto, la matanza fundacional, se abriría inevitablemente a la investigación y se perdería el control sobre una cuestión tan sensible y clave. Quizás por eso poco después de morir el dictador vio la luz una obra titulada Pérdidas de guerra, del general Ramón Salas Larrazábal. Este bajaba un poco más la cifra de las víctimas causadas por los rojos, 72.337, pero por primera vez admitía que los franquistas habían acabado con la vida de 57.808 personas. Se trataba de que lo fundamental de la leyenda permaneciera, aunque ya un poco adaptada al que sería el mensaje de la transición: todos fueron iguales, pero los peores los rojos. Por el mismo tiempo en que el general publicaba este libro, en 1977, daba comienzo un proceso de investigación, que aún hoy dura y que ha dado la vuelta a toda la propaganda que venía de la dictadura.1

            La gran diferencia con lo anterior es que a partir de la transición el debate no  tomó por base las cifras sino los nombres y apellidos de las víctimas. La primera fuente fueron los Libros de Defunciones de los Registros Civiles. En las zonas de España en las que, por ser ocupadas a partir de los primeros meses de 1937, la represión se canalizó por los consejos de guerra esta documentación resultaba primordial, ya que el último requisito en casos de pena de muerte era el envío de un oficio al Juzgado comunicando el hecho. Sin embargo en los territorios donde triunfó el golpe en poco tiempo y se funcionó a base de los ilegales bandos de guerra no se comunicó nada a juzgado alguno, sino que, pasada la etapa más dura de la represión y dados los múltiples problemas burocráticos que la situación había creado, se abrió una puerta falsa (el decreto 67 de 10 de noviembre de 1936) para que los familiares, tras superar un montón de requisitos, pudieran inscribir a sus muertos. La casuística es muy amplia. Hubo pueblos donde alguna autoridad ordenó la inscripción en bloque de todas o la mayor parte de las personas asesinadas (lo que no siempre se comunicó a los familiares)2 y hubo otros, la mayoría, entre los que podía citarse Villafranca, en que el proceso de inscripción se prolongó durante décadas sin llegar nunca a completarse.