La Agrupación Local del PSOE celebrará Asamblea General Ordinaria este próximo viernes 23 de noviembre a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria, en la Casa del Pueblo, con el siguiente orden del día:

1. Elección y composición de la mesa de la asamblea.
2. Aprobación, si se procede, del orden del día.
3. Aprobación en su caso del acta de la sesión anterior.
4. Informe sobre el Estado de Cuentas.
5. Informe de Gestión Municipal.
6. Informe del Secretario General.
7. Ruegos y preguntas.

Los Concejales del Grupo Municipal Socialista-Regionalista se reunían en la tarde de ayer en el Ayuntamiento y ofrecían una rueda de prensa, en la que su portavoz, Joaquín Rodríguez, expresaba el apoyo incondicional de todos los concejales al Alcalde de Villafranca “como persona y como alcalde”, ya que, señalaba “mes a mes vemos como Ciudadanos de Villafranca le increpan e insultan aprovechando los Plenos, demostrando una falta total y absoluta de respeto hacia las instituciones y hacia sus representantes elegidos democráticamente”. Para Rodríguez la actitud del portavoz de CV, Pedro V. Sánchez es de “alguien que no cree en la democracia”, y en el Pleno del lunes, señalaba que pudimos ver de nuevo “cómo demostraba su odio visceral a Ramón Ropero, algo que tuvimos que oir en varias ocasiones”. Para los socialistas esta actitud crea un “clima de malestar y de confrontación”, con la “pretensión de mantener el ambiente de crispación y conflictos de otros tiempos”.

Para Rodríguez Soler “es él y sólo él quien intencionadamente se salta las normas a la torera haciendo un uso indebido del turno de palabra”, y lo hace “para llamar la atención de los medios de comunicación, y por qué no decirlo, de sus cada vez menos seguidores en proceso de clara retirada”. Aseveraba Rodríguez Soler, que cada vez “que este señor actúa como portavoz, los plenos terminan de la misma manera”. Se dirigía también al Concejal de CV Reyes González y señalaba que es paradójico que pida paz en sus declaraciones, cuando se le oye “atacar, insultar y agredir verbalmente al alcalde”.

En referencia a las declaraciones realizadas por IU, en las que acusaba al Alcalde de ocultar información a los grupos políticos, tras no recibir éstos la propuesta presentada en secretaría en septiembre por IU, en la que proponían el nombramiento del doctor Cesar Flores como hijo predilecto de Villafranca. Pues bien, en referencias a estas críticas, el concejal Lorenzo García Mateos declaraba que estas declaraciones son “desacertadas y falsas”, señalando que no era labor del alcalde trasladar esta iniciativa a los grupos políticos. Daba a conocer que fue el pasado miércoles cuando esta propuesta fue remitida a los portavoces de los tres grupos políticos. Antes había llegado a la alcaldía, porque es por dónde pasa toda la correspondencia, pero “el alcalde no tiene porqué saber si había llegado a los grupos políticos, porque no es su cometido”. “¿Dónde ha estado el error?, ellos que dicen que ha estado en el alcalde deberían enterarse bien”.

Así mismo, contestaba también García Mateos a parte de la crónica que en su página web realizan Ciudadanos de Villafranca, en la que textualmente dice que entre los asistentes al Pleno “se comentaba que algunos habían sido llamados expresamente para asistir al pleno, con lo que ello podría tener de positivo de cara a un posible puesto de trabajo entre los anunciados en la ampliación de Barbosa&Almeida”. En este sentido García Mateos que ni el equipo de gobierno, ni el grupo municipal socialista regionalista, ni el alcalde se han puesto en contacto con nadie. Y es más, argumentaba, “a las personas que vienen a preguntar al Ayuntamiento sobre estos puestos de trabajo, muy escrupulosamente le notificamos que todo el proceso de contratación se está realizando en la propia empresa”. Para García Mateos todo esto “forma parte de una estrategia orquestada que lo que busca es reanimar a la agrupación”.

	Acto Homenaje en Memoria de las Victimas del Franquismo

Nombres y Números. La Represión Franquista en Villafranca             
Escrito por Francisco Espinosa Maestre 

La obsesión por las cifras

            El franquismo siempre tuvo claro que el debate sobre la represión nunca debía de salir del ámbito numérico. Su objetivo siempre fue minimizar la represión propia y magnificar la ajena. En este sentido el propio Franco, en plena guerra, llegó a decir públicamente barbaridades tales como que los rojos habían acabado con la vida de 470.000 personas. No sabemos qué cara puso cuando poco después el Ministerio de Justicia, basándose en ese gran proceso abierto a la República que se llamó Causa General, rebajó la cifra a 85.940. Por su parte estudiosos extranjeros como Hugh Thomas o Gabriel Jackson aportaron, ya en los años sesenta, otras cifras aproximadas que permitieron un acercamiento más real al problema. Lo que pasaba es que estos libros, en general publicados en París por Ruedo Ibérico, estaban prohibidos en España. La dictadura previó con razón lo que ocurriría con su fin: su gran secreto, la matanza fundacional, se abriría inevitablemente a la investigación y se perdería el control sobre una cuestión tan sensible y clave. Quizás por eso poco después de morir el dictador vio la luz una obra titulada Pérdidas de guerra, del general Ramón Salas Larrazábal. Este bajaba un poco más la cifra de las víctimas causadas por los rojos, 72.337, pero por primera vez admitía que los franquistas habían acabado con la vida de 57.808 personas. Se trataba de que lo fundamental de la leyenda permaneciera, aunque ya un poco adaptada al que sería el mensaje de la transición: todos fueron iguales, pero los peores los rojos. Por el mismo tiempo en que el general publicaba este libro, en 1977, daba comienzo un proceso de investigación, que aún hoy dura y que ha dado la vuelta a toda la propaganda que venía de la dictadura.1

            La gran diferencia con lo anterior es que a partir de la transición el debate no  tomó por base las cifras sino los nombres y apellidos de las víctimas. La primera fuente fueron los Libros de Defunciones de los Registros Civiles. En las zonas de España en las que, por ser ocupadas a partir de los primeros meses de 1937, la represión se canalizó por los consejos de guerra esta documentación resultaba primordial, ya que el último requisito en casos de pena de muerte era el envío de un oficio al Juzgado comunicando el hecho. Sin embargo en los territorios donde triunfó el golpe en poco tiempo y se funcionó a base de los ilegales bandos de guerra no se comunicó nada a juzgado alguno, sino que, pasada la etapa más dura de la represión y dados los múltiples problemas burocráticos que la situación había creado, se abrió una puerta falsa (el decreto 67 de 10 de noviembre de 1936) para que los familiares, tras superar un montón de requisitos, pudieran inscribir a sus muertos. La casuística es muy amplia. Hubo pueblos donde alguna autoridad ordenó la inscripción en bloque de todas o la mayor parte de las personas asesinadas (lo que no siempre se comunicó a los familiares)2 y hubo otros, la mayoría, entre los que podía citarse Villafranca, en que el proceso de inscripción se prolongó durante décadas sin llegar nunca a completarse.